Condena a exfuncionarios por suscribir contrato ilegal
Penas de prisión para implicados en caso de corrupción en Sedesol
Ciudad de México.- Por el caso de la ´Estafa Maestra´, un tribunal de enjuiciamiento condenó a 6 meses de prisión a dos excolaboradores de Rosario Robles en la Sedesol por suscribir un contrato ilegal con la Universidad de Zacatecas (UAZ), que causó un daño al erario de 26 millones 622 mil pesos.
Gerardo Alarcón López, juez de control federal del Reclusorio Norte, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, sentenció a Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, ex directores generales adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la citada dependencia.
El impartidor de justicia concluyó que la Fiscalía General de la República presentó las pruebas que acreditan la plena responsabilidad de los acusados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, sin embargo, sólo les impuso la pena mínima.
También condenó a los ex funcionarios al pago de una reparación del daño de 26?millones 622 mil pesos, equivalentes al monto del delito; el pago de una multa de 100 días de salario; y la inhabilitación por 6 meses para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
"Se condena a los sentenciados al pago por concepto de reparación del daño integral, mancomunada y solidaria, por los conceptos a que se refiere la presente sentencia; y además, se dejan a salvo los derechos de la representante social federal, asesor jurídico de la Auditoria Superior de la Federación, para que los hagan valer en cuanto a su cuantificación en la vía y forma que consideren convenientes", dice el fallo.
Los exfuncionarios no pisarán la cárcel, ya que el juez les concedió los beneficios sustitutivos de la pena y la condena condicional, debido a la baja penalidad del delito.
El fallo ya fue impugnado por los ex funcionarios y será un Tribunal Colegiado de Apelación en esta capital el que defina si prevalece o no la condena.
Con las sentencias dictadas a Ibarra y Mejía, son ya 7 ex funcionarios y particulares los que han sido condenados a penas de prisión en diversos procesos penales iniciados por el caso de los desvíos de recursos conocido como la Estafa Maestra.
Los ex funcionarios fueron sentenciados por firmar el 22 de junio de 2015 un convenio de coordinación entre la Sedesol y la UAZ para "el diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría".
De acuerdo con la Fiscalía, la Sedesol pagó a la universidad 52 millones 200 mil pesos, y el 30 de julio del mismo año ésta subcontrató el 100 por ciento de los servicios con la empresa lntegración Documental S.A. de C.V. por sólo 25 millones 578 mil pesos.
La acusación establece que la UAZ obtuvo ilegalmente 26 millones 622 mil pesos al haber ingresado esa suma a sus arcas sin prestar servicio alguno y no devolverlo a la Sedesol, suma que constituye el daño ocasionado al erario.
Otra ilicitud del convenio fue que la Secretaría no verificó que la UAZ tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato, lo que ocasionó que ésta subcontratara todos los servicios requeridos, pese a que la norma sólo le permitía hacerlo por el 49 por ciento del total.
Suman 8 sentenciados por Estafa
Antes de Ibarra y Mejía, distintos jueces federales han dictado sentencias condenatorias contra otros 6 ex servidores públicos y particulares implicados en la Estafa Maestra.
La primera sentencia, emitida en un procedimiento abreviado en el que el acusado se declaró culpable, fue de 5 meses con 29 días de prisión contra el ex delegado de la extinta Sedesol en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, por una contratación indebida de más de 28 millones de pesos.
Después, Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, fue sentenciada a 6 meses de prisión por autorizar el pago sin solicitud previa de 7.5 millones de pesos, dentro de un contrato de la dependencia con la Universidad Autónoma de Chiapas por 60 millones 952 mil 400 pesos.
La pena más alta dictada en la Estafa Maestra es de 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En ese caso, los sentenciados fueron José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios, y María de la Luz Vargas Vargas, directora de la Integración de Padrones, ambos de la Sedesol; así como Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la "facturera" Inmobiliaria Feyray.
Recientemente también fue sentenciado José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Várguez, hoy diputado local y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano.
Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, se declaró culpable de una contratación ilegal de 20 millones de pesos y fue condenado a 8 meses con 29 días de prisión.
Salvo las sentencias por delincuencia organizada y lavado, todos los implicados alcanzaron beneficios para sustituir la pena de prisión y están libres.