Rechazan cancelar a aspirantes
Instituto Nacional Electoral sólo se compromete a revistar los 26 perfiles de aspirantes cuestionados por estar ligados al crimen, pero sólo si resultan ganadores en la elección judicial
El Consejo General del INE responderá el jueves a la Cámara de Diputados y Senado que la ley no lo faculta para cancelar candidaturas al Poder Judicial antes de la elección.
Sin embargo, el organismo se compromete a revisar los 26 perfiles que cuestionan si resultan ganadores y, de no cumplir con los requisitos de elegibilidad, se les quitará el triunfo.
El pasado domingo, los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitaron formalmente al INE cancelar 26 candidaturas por tener supuestos lazos con el crimen organizado, tener una investigación abierta ante la Fiscalía General de la República o no cumplir con el 8 de calificación académica.
En reunión privada, los consejeros coincidieron en que la petición es improcedente.
“Nos solicitan que cancelemos registros. Y sí es bien importante remarcarle a toda la ciudadanía que en este proceso el INE, nosotros, no hicimos registros, no podemos cancelar registros. Hay un segundo momento procesal que sí nos toca revisar y esto es una vez pasada la elección”, afirmó en entrevista Norma de la Cruz.
“Esa es la respuesta jurídica: en este momento procesal nosotros no podemos cancelar registros de candidaturas”.
Aseguró que una vez que se tengan los resultados de la elección para los 881 cargos en disputa, lo que sucederá entre el 1 y 10 de junio, se analizará el perfil de todos los ganadores y pondrán énfasis en aquellos que fueron denunciados o cuestionados.
El INE hará la calificación de la elección el 15 de junio, es decir, entregará o no las constancias de mayoría ese día.
“Entonces, estos datos que nos acerca el Senado, obviamente también los tomaremos en consideración llegado ese momento. Si estas personas tienen suficientes votos, ahí se viene una segunda revisión para revisar la elegibilidad”, indicó la consejera.
Afirmó que esa etapa se califica si cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y si no están en los supuestos del 38 constitucional, como ser prófugos de la justicia, tener suspendidos sus derechos o tener sentencia firme por delitos de violencia o ser deudores alimentarios; además de garantizar la paridad de género.