Planea INE endurecer fiscalización a aspirantes

La autoridad propone no sólo contabilizar la propaganda instalada en vía pública o mítines, también gastos de alimentación, traslado, hospedaje de los aspirantes, e incluso, el personal que los apoya.

 Además, se prevé una aportación total a cada contendiente de 10.7 millones de pesos, de los cuales, el aspirante podrá dar 2.1 millones y sus simpatizantes 537 mil en lo individual. También se prevén restricciones de personas morales.

 Se busca que la erogación que realizan los contendientes, a quienes les denominarán "personas inscritas en los procesos internos", sean contabilizados como gastos de precampaña, por lo que de sobrepasarse podría aplicarse la cancelación del registro si son electos candidatos.

 También establece límites para la participación de servidores públicos y se obliga a los partidos políticos a involucrarse en los recursos que reciben sus aspirantes, por lo que serán ellos los que contraten algunos servicios.

 Hasta anoche, consejeros discutían el proyecto de lineamientos para regular los procesos internos de Morena y el Frente Amplio, como ordenó el Tribunal Electoral. Se prevé sean aprobados este miércoles o a más tardar el jueves. 

Propaganda

 En la propuesta, que podría sufrir cambios, se obliga a los partidos y "personas inscritas" a seguir un procedimiento en materia de fiscalización como si estuvieran en un proceso de precampaña o campaña, por lo que éstos deberán registrar sus gastos en el sistema tres días después de realizar la contratación.

 Entre los gastos que se contabilizarán por aspirante están: propaganda utilitaria en los reuniones o mítines, gastos de transporte, viáticos o logística, así como el sueldo del personal eventual.

 Es común que los aspirantes estén acompañados de empleados que estaban con ellos en el gobierno y renunciaron, y actualmente "alguien" les paga traslados, hospedaje, viáticos y su remuneración, tal es el caso de asistentes, choferes o personal de comunicación.

 Además de propaganda exhibida en vía pública, desde espectaculares hasta publicidad en el transporte, así como bardas, pegotes en vehículos, lonas en puentes. También la "publicidad" en revistas, diarios, internet o salas de cine.

 El INE realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, incluso, a esta podría unirse aquella que se ordenó identificar en el acuerdo del 10 de julio.

 "El Instituto, por conducto de la CPPP, a propuesta de la UTCE, ordenará el retiro inmediato de toda propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes, así como aquella propaganda que no incluya los elementos de identificación del Proceso Político y en su caso de la persona inscrita.

 "La propaganda (anterior) que no sea retirada y aquella que se certifique a partir de la entrada en vigor de estos lineamientos y contenga elementos de naturaleza electoral o equivalentes, será computada, en su momento, como gasto de precampaña. Las irregularidades encontradas en la revisión de los informes del periodo al que sean vinculados, ya sea ordinario, precampaña, apoyo de la ciudadanía, o campaña", indica la propuesta.

 El INE advierte que podrá requerir a cualquier persona la información necesaria. En este apartado, algunos consejeros plantean que se apliquen sanciones.

 Ahora no bastará el deslinde del aspirante sobre espectaculares o propaganda en vía pública como se ha hecho, sino que tendrán que llenar formatos y la autoridad tiene que ver una conducta "eficaz" para exigir el "cese".

 También se les prohíbe la entrega de cualquier material, en eventos o a simpatizantes, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo.

 Se advierte que el INE exigirá al partido retirar la publicidad que no cumpla con las reglas, y en caso que no lo haga, lo hará la autoridad pero le cobrará los gastos al partido. 

 Nuevamente se les prohíbe hacerse promoción para un cargo en el 2024, dar propuestas de gobierno y realizar cualquier expresión de temas electorales.

 "Quienes organicen tienen el deber de cuidado de los actos a fin de que no se produzcan manifestaciones de carácter electoral o equivalentes", indica.

 También se insiste en que los actos sean, preferentemente, en sedes del partido. Algunos consejeros piden que se agregue que no pueden hablar de la "continuidad".

Limitantes a servidores

 Uno de los puntos álgidos entre los partidos y consejeros son las limitantes para los servidores públicos, pues se insiste en que los funcionarios de cualquier nivel deberán garantizar neutralidad.

 Se afirma que éstos podrán asistir a los eventos de "proselitismo político" en días inhábiles. En el caso de los legisladores, quienes son los que prácticamente les llevan la campaña a los aspirantes, pueden acudir en horarios hábiles "siempre y cuando no se distraigan de su participación".

 Sin embargo, es el artículo 15 el que genera más ruido, pues la Oposición afirma que está hecho para sus aspirantes.

 "Las personas que ocupen algún cargo en el servicio público, en todos sus niveles, no podrán realizar, por ningún medio (eventos, reuniones, redes sociales, páginas oficiales, entrevistas, o a través de propaganda institucional, independientemente del medio en que se realice), manifestaciones a favor o en contra de aquellas a las Personas Inscritas en algún Proceso Político, o de alguno de los partidos que intervengan en dichos procesos.

 "De igual manera, queda prohibida la promoción personalizada de servidores públicos en el marco de los Procesos Políticos consistente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público o que manifieste una aspiración personal en el sector público, que señale planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de las atribuciones que le confiere el cargo que ejerza o el periodo en que debe ejercerlo, a través un medio de comunicación social que revele el ejercicio de promoción personalizada", indica.

 Entre las fechas, se indica que el conteo será a partir de la aprobación de los lineamientos, pero otros exigen que se sume desde que arrancaron los procesos internos.

 El 2 de octubre deberán entregar sus informes, y la autoridad resolverá el 15 de diciembre.