Familiares exigen búsqueda e identificación de desaparecidos en México y Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO–En víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familiares de personas desaparecidas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México exigieron a sus gobiernos impulsar la búsqueda de sus seres queridos y la identificación de las personas migrantes fallecidas.

Reunidas en Guatemala por la Primera Conferencia Regional de Familiares de Personas Desaparecidas, 45 familiares en búsqueda de 24 organizaciones de los cuatro países ofrecieron una conferencia de prensa el domingo en la que denunciaron que existe una fragmentación en los mecanismos de búsqueda al interior de cada país y entre estos.

Representantes de los cuatro países exigieron impulsar marcos legales y políticas públicas de prevención y protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, garantizar la búsqueda eficaz, inmediata y en vida, asegurar el trato digno de las personas fallecidas y su pronta identificación y brindar un trato digno a las y los familiares; también pidieron que la ciudadanía y la comunidad internacional reconozcan la problemática de las desapariciones y las apoyen.

“Nosotros qué quisiéramos que los presidentes de todos los países tuvieran un diálogo y homologuen los trámites”, dice Anita Zelaya, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.

La crisis de desapariciones se extiende en toda la región y tiene un punto nodal que las une: el dolor y la esperanza de miles de familias que esperan el regreso de sus seres queridos.

Las deudas son muchas: actualmente, solo México cuenta con una legislación específica para atender las desapariciones y un registro oficial actualizado de las mismas, que a la fecha suma más de 104 mil. 

En Guatemala, según datos del Ministerio de Gobierno publicados por Prensa Libre, se contabilizaron 44 mil 122 desapariciones de 2003 a 2021, pero no hay registro de cuántas de estas personas fueron localizadas. En El Salvador, las instituciones discrepan en las cifras: un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) da cuenta de que mientras la Policía Nacional Civil reportó 12 mil 495 denuncias, la Fiscalía General reconoció a 22 mil 307 víctimas entre 2014 y 2019. Por su parte, las autoridades de Honduras ni siquiera contabilizan a sus desaparecidos y desaparecidas.

Aunque sus países son distintos, algunos problemas sí que los comparten. “La coincidencia es la dilación de parte de las fiscalías en la recepción de las denuncias pero también la omisión durante la secuela de la investigación que deben hacer y no hacen”, dice María Luisa Núñez del colectivo Voces por Nuestros Desaparecidos de Puebla.

Otro problema más, y que fue notorio a partir de la pandemia por la Covid-19, ha sido el incremento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, dice Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, que auspició el encuentro regional.

Las desapariciones: un hilo histórico que une a la región

En la región las desapariciones continúan siendo una deuda histórica por saldar: en Guatemala la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reconoce que durante los 30 años de conflicto armado alrededor de 45 mil personas fueron desaparecidas. En El Salvador el saldo fue de unas 8 mil desapariciones, de acuerdo con su propia Comisión de la Verdad. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, por su parte, registró que 184 personas desaparecidas en las décadas del 80 y 90 siguen sin ser localizadas. Finalmente, en México, durante la llamada guerra sucia, en las décadas del 60, 70 y 80, al menos 900 fueron desaparecidas por fuerzas del Estado, principalmente militares.

Prácticamente todas las desapariciones forzadas motivadas por la represión política de las décadas pasadas siguen en la impunidad en los cuatro países, y la suerte y el paradero de las víctimas continúan desconocidos.

No solo el hilo histórico une a esta región, también su geografía. Las desapariciones han proliferado en la ruta migratoria que año con año suma a cientos de miles de personas centroamericanas y mexicanas que buscan un mejor futuro laboral en Estados Unidos.

El saldo de esta doble crisis, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de Naciones Unidas, es de, al menos, cuatro mil migrantes fallecidos en la ruta migratoria que pasa por México y Estados Unidos. La cifra es a todas luces conservadora y el propio OIM reconoce la dificultad para obtener datos que dimensionen la tragedia.

En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reconoce mil 80 personas que fueron vistas por última vez en territorio nacional: 482 de nacionalidad hondureña, 411 guatemalteca y 187 salvadoreña.

“Lo que vemos muchas veces es una falta de coordinación entre los países para intercambiar información y para coordinarse en los procesos de búsqueda”, explica Renaux, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El resultado es que no se logra localizar a las personas que han desaparecido en algún punto de su trayecto a Estados Unidos y que sus familias continúan –a veces durante décadas– sin respuestas sobre qué pasó con sus seres queridos y en dónde están.

Encuentro de esperanza

Para Mercedes Guillén es una mujer garífuna, un pueblo ancestral de Honduras, que busca a su esposo Secundino Torres en la comunidad El Triunfo de la Cruz, en el norte del país, esta es la primera vez que asiste a un encuentro con otras familias que también llevan el dolor de la desaparición. “Yo estoy impactada porque ha habido muchas personas con diferentes problemas que se le ha desaparecido a su hijo, su mamá, por largos años. Hay algunos que los han encontrado, la mayoría no”. En los últimos años, las comunidades garífunas han sufrido una escalada de violencia a partir de conflictos de la tierra en la que también se han cometido desapariciones de líderes comunitarios.

También en Honduras, en el municipio El Progreso, en una de las ciudades más importante de aquel país, vive Ruth Sarabia. Ella no tiene a un familiar desaparecido pero colabora con la parroquia San Ignacio en donde asisten cada vez más a familias que acaba de sufrir una desaparición. “Siento que es importantísimo porque estamos viendo que no solo nosotros vivimos esta situación. Para mí es esperanza, buscar nuevas relaciones para poder compartir lo nuestro y poder recibir de lo que ellas tienen”.

María Luisa Núñez, de Puebla, México dice que no importa cuál sea el país, en cualquier territorio siguen enfrentando a los mismos gobiernos indolentes. “Algo que hoy me rompió el corazón es conocer de viva voz de una madre salvadoreña respecto del régimen excepción del gobierno que hoy tienen; ­no tan solo les han arrebatado en el contexto de violencia a sus hijos sino que también les están arrebatando ese derecho de gritar y de exigir por sus derechos”. La señora Núñez recientemente recuperó el cuerpo de su hijo, Juan de Dios, que estuvo desaparecido por poco más de cuatro años.

Finalmente, para Mirna Carolina Nájera, vicepresidenta de la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, ha sido valioso el encuentro porque pudo conocer a las diferentes organizaciones de los países vecinos para compartir experiencias en la búsqueda e identificación, aprender a organizarse mejor y crear enlaces entre ellas. Ella es de las pocas que ha conocido la suerte de la persona que buscaba, su esposo Juan Francisco Salguero, que fue localizado sin vida en una fosa clandestina en Tamaulipas, México en 2014.