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Piden frenar 'ataques' contra activismo en Jalisco

Luego de que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) denunció que el Gobernador Enrique Alfaro prepara una acción legal contra el ex presidente de la organización, Javier Armenta, el partido político Hagamos demandó al mandatario frenar de inmediato los ataques contra activistas.

 Gutiérrez recordó que el desarrollo inmobiliario Iconia (Puerta Guadalajara) se construye de manera ilegal en un predio que el Ayuntamiento de Guadalajara adquirió en 1980 y originalmente se destinaría para crear un parque municipal, pero vecinos se han opuesto a la privatización del espacio público y han sido perseguidos por la autoridad estatal.

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 A través de un comunicado, el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, denunció el uso excesivo y discrecional del poder por parte del Gobierno de Jalisco a cargo de Alfaro, ya que silencia la crítica, criminaliza la protesta social en contra de los que pelean a favor de los espacios públicos como Iconia y usa al Poder Judicial como herramienta de intimidación y castigo.

"La arremetida contra activistas, dada a conocer por medios de comunicación, en plena temporada navideña no habla más que de un deseo de venganza antes que de justicia y la urgente necesidad de mantener los privilegios y ganancias de los intereses inmobiliarios que han crecido durante el gobierno alfarista: cientos de ciudadanos luchan contra la privatización de espacios públicos, la pérdida de áreas naturales y la precarización de la vivienda", señaló.


 "El gobierno de Enrique Alfaro, lejos de velar por la población jalisciense, se ha rendido ante las órdenes de inversionistas a los que les sigue entregando la ciudad en un acto irresponsable. No solo eso, sino que también usa todo el poder a su alcance para acallar a sus críticos y amedrentarlos con la prisión".

 El líder estatal de Hagamos también exigió que se deje de usar la estructura del Estado en contra de jaliscienses que, en uso de sus derechos constitucionales, han manifestado posturas en contra de políticas de vivienda que afecta la calidad de vida de los habitantes en detrimento del derecho humano a un buen entorno.

 Mientras la FEU acusó al Gobernador Enrique Alfaro de alistar una persecución política contra su ex dirigente, el Poder Ejecutivo rechazó cualquier injerencia y calificó el hecho como un "conflicto entre particulares".



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