Denuncian argucias para tenerlo preso

La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, denunció un sometimiento absoluto del Poder Judicial del Estado a intereses políticos, a fin de vincularlo a proceso por un nuevo caso del fuero común antes de la audiencia que se realizará en un juzgado federal donde, estimaron, quedarían sin efecto las injustas medidas cautelares que hoy lo mantienen preso en el penal 2 de Apodaca, por delitos electorales, un caso en el que se declaró incompetente el juez local y remitió el expediente al Poder Judicial Federal.

Asimismo, expusieron que presentarán una queja por violaciones a los derechos humanos del exmandatario, ya que las autoridades estatales no han permitido que sea debidamente atendido de su delicada condición de salud, pues el sábado en una situación contraria a cualquier protocolo penitenciario, fue trasladado no en una ambulancia sino en una patrulla de Fuerza Civil, para que fuera atendido de un problema de diverticulitis y se le practicara un estudio TAC de abdomen, que no se ha realizado.

El equipo de abogados que encabezan Víctor Olea y Gabriel García Pérez, expusieron en un pronunciamiento a la opinión pública que originalmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecía de competencia inició e integró una Carpeta de Investigación en contra de Rodríguez Calderón, por la supuesta comisión del delito electoral previsto en el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

Pero la citada Fiscalía omitió hacer del conocimiento de Jaime Rodríguez la existencia de esa investigación criminal a efecto de que ejercitara su más elemental derecho de defensa, y aún más grave, simularon que no lo habían localizado para citarlo, cuando es de sobra conocido su domicilio, y además gozaba de escoltas del propio Estado de Nuevo León, citatorio que hubiera atendido el exmandatario sin mayor problema, máxime cuando se trata en cualquier supuesto, de un ilícito que no está contemplado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.