Cuando el abuso viene de los padres

Los bebés permanecen acostados en el suelo; las niñas y niños, sentados junto con sus madres, también en el piso de los pasillos, mientras otros pequeños tratan de sobrellevar horas de espera a fin de ser atendidos en un Centro de Justicia para las Mujeres.

La visita al lugar debe realizarse con la mayor discreción porque está prohibido el ingreso a personas que no vayan a presentar una denuncia. Ante el temor de alguna represalia contra quien facilita el ingreso, se omite la identificación exacta del Centro de Justicia para Mujeres.

Se ven lágrimas y miradas perdidas en rostros desencajados de mujeres y menores, mientras llantos de bebés, dentro y fuera de las instalaciones, alertan sobre el calvario en que se convierte el procedimiento para las víctimas de violencia familiar, contra las mujeres y sus hijos, que se animaron a denunciar los abusos.

Miradas de fastidio y desesperación también se observan en los “licenciados”, agentes del Ministerio Público responsables de tramitar las querellas en cubículos diminutos en los que apenas son visibles los escritorios y las computadoras bajo las torres de papel de los expedientes, muchos de ellos abiertos por abuso sexual infantil.

En esos pequeños espacios se desarrollan entrevistas con víctimas y testigos, en el caso de niñas y niños, y son el escenario de videograbaciones para documentar las denuncias contra sus agresores, con frecuencia sus progenitores o parientes cercanos.

En los pasillos de tribunales de justicia y en salas de espera de organizaciones civiles, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), algunas madres, hijas e hijos se han hermanado ante el dolor, la angustia, el coraje y la impotencia que experimentan hacia un sistema de justicia penal y familiar que deja indefensos a menores abusados sexualmente.

Un grupo de familiares de víctimas de sus progenitores, agredidos entre los cero y los cinco años, logró crear una red de apoyo para dar seguimiento a sus casos y otros similares en el ámbito penal y familiar. Sus integrantes buscaron a la reportera para narrar el calvario que significa denunciar los abusos y que la gran mayoría de sus casos sean minimizados y sus recursos legales descartados o bien considerados como “venganzas” de “mujeres dolidas” con sus maridos.

Por miedo, para evitar represalias o porque así lo aconsejaron sus representantes legales, las personas que se acercaron a este medio pidieron que ni ellas ni las víctimas sean identificadas con sus nombres.

Los temores se derivan de los obstáculos que han tenido para que los agresores sean vinculados a proceso penal, pues pese a las pruebas que han presentado los familiares de las víctimas, autoridades judiciales han desestimado los casos, poniendo en duda la palabra de niñas y niños abusados sexualmente.

Raquel –como ha pedido que se le nombre– muestra parte de la carpeta de investigación que se integró, desde diciembre de 2015, por abuso sexual contra su hija Adriana –como ha pedido que se llame a su pequeña–; hasta el momento no ha logrado que el responsable sea imputado y vinculado a proceso.

Hojas con dibujos que Adriana realizó cuando tenía tres años encendieron los focos rojos para Raquel: falos en distintas posiciones alertaban de que algo no estaba bien con la niña, quien solía ser amorosa y se volvió retraída, presentó cuadros de ansiedad que se manifiestan con manchas rojas en la piel y succiones en los brazos, provocadas por ella misma.

El expediente se integró con el testimonio de Adriana ante un juez familiar, un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, un reporte psicológico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un informe terapéutico de Adivac, que confirma la agresión por parte del progenitor, así como recetas médicas del tratamiento que ha tenido la menor para aminorar la ansiedad que lleva a Adriana a la autolaceración.

Pese a que en el ámbito familiar Raquel ha logrado que se declare la suspensión de visitas del padre de Adriana por comprobarse el abuso, en el ámbito penal se le ha negado el acceso a la justicia.

“He dejado mi trabajo, mi vida personal, para dedicarme a defender a mi hija, y con lo que me topo es con funcionarios insensibles con los niños, que todo lo reducen a un pleito de pareja, que se trata de alienación parental, que yo estoy manipulando a mi hija para acusar a su padre”, dice Raquel, quien litiga a través del agente del Ministerio Público y va por el segundo intento de judicializar la carpeta de investigación.