Analizan cómo atender denuncia contra ministra
No existe claridad de cómo debe proceder el Supremo contra sus integrantes por irregularidades que no cometieron durante el ejercicio de su cargo
La Suprema Corte de Justicia de México ha iniciado consultas internas para determinar si cuenta con facultades para iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de una de sus integrantes, la ministra Yasmín Esquivel, que ha sido acusada de plagiar su tesis de licenciatura en 1987.

El procedimiento ordenado por Piña cobra relevancia porque no existe claridad de cómo debería sancionar el Supremo a una integrante en funciones por irregularidades que no fueron cometidas durante el ejercicio de su cargo, que comenzó en 2019, sino hace más de 35 años, explica el diario.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será el encargado de elaborar un proyecto con la propuesta del trámite y de presentarlo al pleno de la Corte para su aprobación. Actualmente, las denuncias acumuladas en contra de Esquivel están radicadas en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Reforma ha precisado que la presidencia del Supremo tiene facultades para consultar al pleno sobre asuntos de “trámite dudoso”, como es este caso. La consulta interna instruida por Piña es la primera señal de reacción de la Corte sobre el caso Esquivel, en torno
Desde el primer momento, la ministra, allegada al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha negado rotundamente los señalamientos y, al contrario, ha sostenido que la víctima de plagio académico fue ella, a pesar de que su tesis se publicó un año después del otro trabajo idéntico escrito por el hoy abogado Édgar Ulises Báez.
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La ministra Esquivel ha tratado de tumbar las acusaciones en su contra tanto en la UNAM —de donde se tituló como licenciada en Derecho con la tesis cuestionada— como en los tribunales federales. Su más reciente recurso ha sido promover un juicio de amparo en contra del Comité de Ética de la UNAM que revisa si es posible retirarle el título universitario.
La ministra alegó que el procedimiento emprendido por la universidad viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que señalan, respectivamente, que ninguna ley puede tener efecto retroactivo para afectar a una persona y que nadie puede ser molestado en su persona, familia o patrimonio sin que medie una orden del poder Judicial.