Penalizan a funcionarios que frenen ley migratoria
El Capitolio estatal de Luisiana, el 4 de abril de 2023, en Baton Rouge, Luisiana.
BATON ROUGE, Luisiana
Mientras estallan protestas en todo el país por las agresivas tácticas de aplicación de la ley migratoria, los legisladores de Luisiana aprobaron esta semana un paquete de leyes que se sumará a la actual serie de medidas federales sobre la deportación.
En medio de crecientes tensiones nacionales, Luisiana es el estado conservador que ha ampliado más recientemente su papel en la aplicación de la ley migratoria, elaborando una promesa legislativa para cooperar con las agencias federales.
Los agentes del orden y los funcionarios públicos podrían enfrentar penas de cárcel si obstruyen, retrasan o ignoran intencionalmente los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración, según un proyecto de ley de Luisiana. Otra medida exige a las agencias estatales, incluidos los departamentos de Salud, Educación, Correccionales, Servicios para Niños y Familias, y Vehículos Motorizados, que verifiquen, rastreen e informen sobre cualquier persona que esté ilegalmente en Estados Unidos y que reciba servicios estatales.
Los proyectos de ley pasarán a manos del gobernador republicano Jeff Landry, un conservador con una dura postura contra el crimen y firme aliado del presidente Donald Trump, quien probablemente los firmará para convertirlos en ley.
Penalización a funcionarios que obstruyan los esfuerzos de aplicación de la ley migratoria
Tras la promesa de Trump de expulsar a millones de personas que están sin autorización en el país, las redadas migratorias se han intensificado de costa a costa. Las agencias federales han buscado la ayuda estatal y local para que alerten a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y los retengan hasta que los agentes federales los tomen bajo custodia.
La Asamblea Legislativa de Luisiana, dominada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley para asegurar precisamente eso.
La medida amplía el delito de mala conducta en el cargo, punible con hasta diez años de cárcel. Esencialmente, cualquier funcionario o empleado público que se niegue a cumplir con las solicitudes de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estaría cometiendo un delito. También prohíbe que los funcionarios públicos, incluidos policías y jueces, liberen de su custodia a sabiendas a una persona que "ingresó ilegalmente o permaneció ilegalmente" en Estados Unidos sin notificar previamente al ICE.
El senador estatal republicano Jay Morris afirmó: "Este es uno de esos proyectos de ley que dice que es ilegal no hacer cumplir la ley".
Además, el proyecto de ley amplía el delito de obstrucción de la justicia para incluir cualquier acto "destinado a obstaculizar, retrasar, prevenir o interferir de cualquier otro modo con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración", incluidos los procedimientos civiles de inmigración.
Tia Fields, defensora de la Organización de Refugiados e Inmigrantes de Luisiana, dijo temer que las medidas tengan un "efecto paralizante" y que podrían criminalizar "actos ordinarios de asistencia o asesoramiento" por parte de defensores, líderes religiosos, abogados u organizaciones.