Fallo de Corte podría poner en riesgo bloqueos a Trump

El presidente Donald Trump, arriba a la izquierda, habla con la prensa mientras lo escuchan la secretaria de Justicia, Pam Bondi y el subsecretario de Justicia, Todd Blance, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington.

WASHINGTON, D.C.

La decisión del viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos, que impide a los jueces federales emitir mandamientos judiciales a nivel nacional, amenaza con trastocar numerosas demandas que han derivado en órdenes que bloquean políticas del gobierno del presidente Donald Trump.

Entre el inicio del nuevo gobierno y mediados de mayo, diversos jueces emitieron unos 40 mandamientos judiciales a nivel nacional contra la Casa Blanca sobre temas que incluyen financiamiento federal, reglas electorales y consideraciones sobre diversidad y equidad. Los abogados involucrados en algunos de esos casos prometen seguir luchando, y hacen notar que el alto tribunal dejó abiertas otras vías jurídicas que podrían tener amplio efecto a nivel nacional.

Aquí hay un vistazo a algunas de las decisiones que podrían verse afectadas:

Ciudadanía por nacimiento

Muchos jueces federales han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional para bloquear la orden de Trump que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país ilegalmente o temporalmente. El máximo tribunal tomó su decisión el viernes en una demanda sobre esa orden, pero los jueces no aclararon si las restricciones sobre la ciudadanía por nacimiento podrían entrar en vigor pronto en partes del país.

Los opositores regresaron a la corte pocas horas después de que se emitió la opinión, utilizando una vía jurídica que el tribunal dejó abierta para presentar demandas colectivas que podrían tener efecto a nivel nacional.

Normas electorales

El 13 de junio, la jueza federal de distrito, Denise J. Casper, en Massachusetts, bloqueó el intento de Trump de reformar las elecciones en el país. Una orden ejecutiva que el presidente republicano emitió en marzo buscaba obligar a los funcionarios a requerir prueba documental de ciudadanía a todos los que se empadronen para votar en elecciones federales, sólo aceptar boletas enviadas por correo recibidas el Día de las Elecciones y condicionar el financiamiento de subvenciones electorales federales a que los estados se adhieran al nuevo plazo de recepción de boletas.

California fue uno de los demandantes. La oficina del fiscal general del estado, Rob Bonta, indicó en un correo electrónico que estaba evaluando el efecto de la decisión del viernes de la Corte Suprema en todos los litigios del estado.

Asistencia jurídica para migrantes

Un juez federal en California le impidió en abril al gobierno cortar el financiamiento para la representación jurídica de niños migrantes no acompañados. El gobierno ha apelado.

La jueza federal de distrito Araceli Martinez Olguín en San Francisco señaló que no había "forma práctica" de limitar el alcance del mandamiento judicial por parte interesada, ni por cuestiones geográficas.

"De hecho, según se discutió con los declarantes del gobierno en la audiencia de la orden judicial preliminar, sólo existe un contrato para la disposición del financiamiento en cuestión, y se aplica a servicios jurídicos directos a nivel nacional", escribió Martinez Olguin.

La abogada de los demandantes, Adina Appelbaum, directora de programas en el Amica Center for Immigrant Rights —un centro activista que ofrece servicios jurídicos a inmigrantes—, indicó que no creía que la decisión de la Corte Suprema afectara significativamente su caso.

Pero la criticó, diciendo que el alto tribunal había "dado la espalda a su papel de proteger a la gente", incluidos los inmigrantes.

Recortes federales

En mayo, un juez en Rhode Island bloqueó una orden ejecutiva que pretendía desmantelar agencias federales que apoyan a bibliotecas, museos, negocios de minorías y a partes en disputas laborales.

El gobierno ha apelado.

Rhode Island fue uno de los que interpusieron la demanda. El fiscal general del estado, Peter F. Neronha, declaró en un comunicado el viernes que "continuará utilizando todos los recursos jurídicos disponibles para asegurar que los estadounidenses, todos los estadounidenses