Piden mayor regulación a pymes para listarse a Bolsa

CIUDAD DE MÉXICO.-Las autoridades deben exigir condiciones mínimas para que el mercado de deuda de pequeñas y medianas empresas (pymes) que se detone con la reforma a la Ley del Mercado de Valores otorgue seguridad a los inversionistas, pidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 

La reforma plantea un régimen de emisión simplificado para que sea más sencillo que las empresas puedan listarse en el mercado bursátil mexicano y la previsión es que eso permitirá que las pymes lleguen a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

"Aquí lo que se está proponiendo es un esquema totalmente libre y el problema no está en la cotización, en que empresas pequeñas puedan cotizar sus acciones en Bolsa, el problema está en que esta nueva regulación implica que éstas también puedan emitir papel de deuda.

"Para eso, como gremio deberíamos pedir cuatro condiciones mínimas para que ese mercado de deuda de pequeñas empresas pueda ofrecer seguridad a los inversionistas", dijo Ernesto O'Farrill, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP. 

Condiciones:

• Que pymes cuenten con estados financieros dictaminados por un auditor externo.
• Intervención de una calificadora de valores, aunque la ley lo deja abierto a que sea así o no.
• Que las emisoras cuenten con una certificación en materia de gobierno corporativo
• Una definición óptima de lo que es un inversionista calificado.
• La definición que hoy existe en las leyes del mercado de valores sobre lo que es un inversionista calificado es una vacilada.
• La regulación que se está dando simplemente va a hacer que el que quiera emitir papel pueda inscribirlo en el Registro Nacional de Valores sin ningún filtro", advirtió O'Farrill.

Además, advirtió que una regulación flexible abre la posibilidad a que haya fraudes.

Por otra parte, Laura Grajeda, presidenta del IMCP, señaló que más del 90 por ciento de las pymes no van a poder cumplir con la emisión del complemento Carta Porte, debido a que no cuentan ni con los recursos humanos ni con los económicos para hacerlo, pese a que la fecha límite es el 1 de agosto.