Mantiene plan que protege a dreamers.
Pero anula el programa DAPA dirigido a los padres ilegales
Washington, D.C.
El gobierno de Donald Trump decidió mantener sin cambios un programa creado por su predecesor Barack Obama que protege de una posible deportación a cientos de miles de inmigrantes jóvenes, pese a que el presidente había prometido eliminarlo.
El anuncio de continuar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, fue hecho con cierto silencio el jueves por la noche.
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La decisión fue anotada en la parte inferior de una declaración del gobierno en la que anunció el final de otro programa de inmigración de la era Obama. Ese programa, que buscaba proteger de la deportación a los inmigrantes que fueran padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, nunca fue implementado por Obama.
A pesar de sus promesas de la campaña para eliminar el DACA, Trump ha expresado repetidamente cierta empatía con los beneficiados por el programa, a los que se les conoce como “dreamers”. Durante una entrevista con The Associated Press en abril, Trump dijo que su gobierno “no está detrás de los dreamers. Estamos detrás de los criminales” y que “los dreamers deben descansar tranquilos”.
Muchos de los dreamers llegaron a Estados Unidos como niños pequeños y tienen poco recuerdo de los países donde nacieron. El programa no les da estatus de residencia, pero los protege temporalmente de la deportación y les permite trabajar legalmente.
En cuanto al otro plan, el llamado Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA por sus iniciales en inglés), el secretario de Seguridad Nacional John Kelly revocó formalmente el jueves el memo que lo creó, con lo que cumplió una promesa de campaña de Trump.
El DAPA fue anunciado por el gobierno de Obama en noviembre de 2014, pero nunca entró en vigor. Tenía la intención de mantener a salvo a los padres inmigrantes y proveerles de permisos renovables de trabajo por dos años, pero fue bloqueado por un juez federal de Texas después de que 26 estados impugnaron su legalidad en un tribunal federal.
Los republicanos denunciaron el plan como una “amnistía clandestina” y arguyeron que Obama sobrepasó su autoridad al proteger a un tipo específico de inmigrantes que vive ilegalmente en Estados Unidos.