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Los policías millonarios... y falsificadores

En México hay personas capaces de hacer cualquier cosa para incorporarse a una corporación policiaca y corromperse. Así lo hicieron Armando Espinosa de Benito, exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal, y Sergio Quiroz Padilla, excoordinador de Investigación de la misma institución, como lo ha evidenciado Proceso (ediciones 1910 y 1912). Ahora se tienen pruebas de que, además de falsear sus declaraciones patrimoniales, falsificaron sus certificados de estudios. Apenas con la secundaria terminada amasaron inexplicables fortunas, ocuparon puestos clave en el supuesto combate al crimen organizado y sus familiares siguen incrustados en la Policía Federal, evadiendo los controles de confianza.

Armando Espinosa de Benito y Sergio Quiroz Padilla, quienes hasta principios de este sexenio tenían altos cargos en la Policía Federal (PF), no solamente mintieron en sus declaraciones patrimoniales para ocultar la riqueza que obtuvieron injustificadamente; también falsificaron sus certificados de bachillerato para poder ingresar en la institución, donde permanecieron más de una década.



Según el Código Penal Federal la falsificación de documentos oficiales y de información dada a una autoridad, así como la usurpación de grado escolar y de profesión, son delitos que se castigan con cárcel.



Por lo menos desde 1998 el certificado de bachillerato era indispensable para ingresar y permanecer en la Policía Judicial Federal (PJF, que en 2001 se convirtió en AFI).


También lo era durante el sexenio de Felipe Calderón para incorporarse a la PF, permanecer en ella y ocupar puestos de alto nivel.


Sólo con la falsificación de sus certificados escolares ambos policías pudieron entrar y mantenerse en las corporaciones gracias a las cuales se hicieron millonarios y donde tienen trabajando a sus familiares.



Este semanario denunció la riqueza inexplicable acumulada por Espinosa y Quiroz entre 2005 y 2008 -durante sus encargos en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la PF- así como su ostentoso tren de vida, que no corresponde con sus salarios ni con sus declaraciones patrimoniales (Proceso 1910 y 1912).



PROTEGIDO DE


GARCÍA LUNA


En averiguaciones previas y declaraciones de los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Espinosa -quien en la PF se hacía llamar Dios y hace décadas era policía de crucero- fue acusado de recibir sobornos a cambio de proporcionarle ayuda e información al crimen organizado.



A la sombra de García Luna en la AFI y la PF, llegó a ocupar cargos importantes en el combate al narcotráfico y al secuestro.


Entre 2005 y 2008 acumuló propiedades por más de 37 millones de pesos: tres residencias en Prados Churubusco, dos en Lomas de Cocoyoc y una más en el número 20 de la calle Luarca, colonia Parques del Pedregal en la delegación Tlalpan, donde actualmente vive.



Su esposa, Rebeca Ibarra, y sus hijas, Nora y Rebeca Espinosa Ibarra, ostentaban en las redes sociales su fortuna y lujoso tren de vida.


Presumían sus residencias, los pasteles de cumpleaños de sus perros, sus colecciones de bolsas Louis Vuitton, sus constantes viajes a Europa, las visitas frecuentes al salón de belleza de Silvia Galván -el más caro de la Ciudad de México-, todo pagado con el salario del policía.


También presumían su asistencia a desfiles de moda de la boutique del diseñador Frattina, sus amistades de la farándula (como la cantante Yuri) y sus fastuosas fiestas de halloween.



El sexenio anterior y abusando de su cargo, Espinosa colocó en la PF a cuatro familiares, entre ellos a sus yernos Erick Friedman y Rafael Navarro.


Pese a las revelaciones de Proceso, Friedman sigue en la institución, ahora cobijado por Gustavo Calles Valdés, cuñado de Sergio Quiroz.



Quiroz Padilla siempre estuvo a las órdenes de Espinosa y de Cortés -afirman agentes de la PF consultados por este semanario-, quienes solaparon su alcoholismo, sus excesos, su prepotencia y sus arranques de violencia.



En octubre de 2011 Liliana Hernández, pareja de Quiroz, presentó una demanda en la que lo acusó de haberla golpeado brutalmente y de huir, protegido por policías federales, llevándose como rehén a su hija menor de edad, Heribel.



En 1999 Quiroz era cadenero de los giros negros del grupo Titanium en la Ciudad de México.


Ese año decidió ingresar a la PJF, luego convertida en AFI.


En 2002 era jefe de departamento en el área de Investigación de Delitos, a las órdenes de Espinosa.


Desde entonces se hicieron inseparables.



Espinosa pertenecía al grupo de incondicionales de García Luna, y aunque los demás no lo aceptaban en su selecto círculo, Quiroz siempre se benefició.



Entre 2005 y 2008 acumuló de la nada propiedades por más de 13 millones de pesos: una residencia en Lomas de Cocoyoc y dos en la Ciudad de México, una de ellas en Fuente del Saber 45, fraccionamiento Fuentes del Pedregal, donde actualmente vive.


Posee colecciones de motocicletas, de vehículos de lujo y de relojes Rolex y Hublot.



También aprovechó su puesto para colocar a sus familiares en la PF.


A su cuñado Gustavo Calles Valdés lo hizo director general de la Coordinación de Servicios Generales, donde también metió como analista a su hermana Victoria; a otra hermana, Edith Concepción, la convirtió en jefa de departamento en la División de Investigación.


Todos siguen cobrando en esa institución.



Para ingresar a la PJF y a la PF, Espinosa entregó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública federal un falso certificado según el cual había terminado los estudios de bachillerato en la Preparatoria 2 de la UNAM.



Durante años Espinosa declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tenía el certificado de bachillerato.


Sin ese documento no hubiera podido desempeñar los puestos que tuvo: director de Crimen Organizado de la AFI y en la PF (ya en el sexenio calderonista y amparado por García Luna), coordinador general de las Fuerzas Federales de Apoyo y jefe de la División de Investigación.


Gracias a esos cargos amasó su riqueza.



La realidad es que no acabó la preparatoria.


Dejó sus estudios truncos muy joven, cuando se casó.



Proceso comprobó que el documento ostentado durante años es falso, pues no fue sino hasta el 4 de diciembre de 2009 cuando el Sistema Educativo Nacional de la SEP, a través de la Dirección General del Bachillerato, le entregó al jefe policiaco -cuya CURP es EIBA580801HDFSNR07- el certificado con el folio C 54013.



En el certificado de la SEP -del cual este semanario tiene copia- aparece la fotografía de Espinosa de Benito a sus 51 años, edad que tenía cuando recibió el documento y ya era coordinador general de las Fuerzas Federales de Apoyo.


Ese documento oficial estipula que el jefe policiaco pudo certificar su nivel de estudios gracias al acuerdo número 286 de la SEP.



Este acuerdo establece que con un examen la secretaría "otorga reconocimiento académico formal a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los individuos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o por cualquier vía, cuando estos son equivalentes al bachillerato en general.


(.


.


.


) Este examen permite a todas la personas que no tuvieron acceso a este nivel educativo o que por algún motivo tuvieron que abandonar sus estudios, acreditar los conocimientos equivalentes al bachillerato general".



El examen general de conocimientos, así como de comprensión de lectura y habilidad en expresión escrita fue aplicado por el Centro Nacional de Evaluación.



Pero inexplicablemente, en mayo de 2010 -seis meses después de haber obtenido un certificado auténtico de bachillerato-, Espinosa, ya jefe de la División de Investigación de la PF, incluyó en su declaración patrimonial -la cual tiene carácter oficial y legal- que había terminado la licenciatura en derecho en la Universidad Insurgentes y afirmó tener un certificado.



Sin un certificado de bachillerato no hubiera podido realizar estudios universitarios y de haberlos hecho merced a un documento falso, su grado académico no puede tener validez.



EL MISMO CAMINO


Quiroz Padilla hizo lo mismo para ingresar a la AFI y luego a la PF.


Presentó un falso certificado de bachillerato de la UNAM.


De acuerdo con los documentos en poder de Proceso se trata de la falsificación de un documento de la Dirección General de Servicios Escolares.


Tiene el número de expediente 83672, el número de cuenta es 8678368-8 y "certifica" que Sergio Quiroz Padilla "cursó y aprobó en la Escuela Nacional Preparatoria C-23/3 asignaturas que comprenden el plan de estudios del bachillerato de tres años en ciencias sociales".



El documento, incluido en el expediente de Quiroz en la PF, asegura que tuvo un promedio de 8.


5 y ostenta la fotografía del policía cuando era adolescente.


Lo firma Ramón F.


Ramos Carrasquedo como "Secretario General".



Con ese certificado Quiroz fue subdirector de Crimen Organizado de la AFI, así como director de la Sección Segunda del Estado Mayor, director general de Secuestros y Robos de la Coordinación de Inteligencia y coordinador de Investigación de Campo de la División de Investigación de la PF.



Como en el caso de su jefe, la SEP le entregó el 4 de diciembre de 2009 un certificado de bachillerato a través del Sistema Educativo Nacional bajo el acuerdo 286.



Igual que Espinosa, Quiroz afirmó a la SFP en su declaración patrimonial de 2010 que ya era licenciado en derecho también por la Universidad Insurgentes y contaba con un certificado.


Como en el caso de su jefe y protector, esos estudios carecerían de validez pues los habría iniciado con un documento falso.



Espinosa fue destituido de su jefatura en enero de este año; Quiroz, en marzo siguiente.


Pero ambos permanecieron en la PF con los cargos de comisarios generales y siguieron cobrando sin ir a las oficinas.


En abril, cuando supuestamente aún eran funcionarios de la Policía Federal, empezaron a trabajar como parte del equipo de seguridad de Grupo Carso.



Pero a raíz de lo publicado en junio pasado y según la información más reciente, Quiroz fue despedido; Espinosa, luego de permanecer oculto varios días, ha tratado de convencer a sus excompañeros policías federales de que aún trabaja en el consorcio de Carlos Slim.



El artículo 243 del Código Penal Federal dice que la falsificación de documentos oficiales merecerá una pena de cárcel de cuatro a ocho años; "si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más".


De acuerdo con el código, falsifica quien elabora el documento y quien lo usa.


Los dos policías millonarios falsearon sus declaraciones patrimoniales y falsificaron sus certificados de bachillerato.




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