Se entromete el DIF en pleito herencia

El Mañana / Staff.- En opinión de la abogada defensora Gabriela Moreno Gil, a cargo de la representación legal de los dos casos que involucran la sustracción de dos personas en hechos diferentes por parte del Sistema Municipal DIF, éste carece de facultades legales y la conducta incurrida es ahora motivo de competencia de tribunales para dirimir la legalidad o contrario al precepto previsto en la Ley.

"El DIF no tiene competencia de tipo judicial como para ordenar la detención o retención de personas, eso es algo que ahora desde tribunales mediante las demandas iniciadas se tendrá que esclarecer y fundamentar en apego a legalidad" Gabriela Moreno Gil, abogada

El Mañana / Staff.- En opinión de la abogada defensora Gabriela Moreno Gil, a cargo de la representación legal de los dos casos que involucran la sustracción de dos personas en hechos diferentes por parte del Sistema Municipal DIF, éste carece de facultades legales y la conducta incurrida es ahora motivo de competencia de tribunales para dirimir la legalidad o contrario al precepto previsto en la Ley.

• En entrevista para EL MAÑANA, precisó que en el caso del menor hijo de la señora Christian Flores Guzmán y el referente a la señora Delfina de una estancia privada para trasladarla a una estancia del DIF no se cuenta con el respaldo jurídico al carecer de competencia para ordenar la retención o sustracción de personas.

Indicó que las conductas atribuidas a la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Reynosa, Zoraida Lara Cruz, no solo atañen a la funcionaria municipal, tienen el mismo impacto en toda la Institución, es decir al DIF y también al Ayuntamiento de Reynosa.

SIN FUNDAMENTO JURÍDICO 

Y prosigue al respecto señalando la ausencia de un fundamento jurídico para sustentar sus actos. Lo que se traduce en la misma responsabilidad para la funcionaria como para los rangos superiores de los cuales depende.

“No tenemos conocimiento de quién o quiénes o bajo qué fundamento de argumento se procedió a sustraer al menor y la mujer de la tercera edad, pues el DIF no tiene competencia de tipo judicial como para ordenar la detención o retención de personas, eso es algo que ahora desde tribunales mediante las demandas iniciadas se tendrá que esclarecer y fundamentar en apego a legalidad el actuar de todos los involucrados”, dijo Moreno Gil.

Todo por el dinero

El caso expuesto por EL MAÑANA en torno a la sustracción de la señora Delfina de la Estancia de Vida “Los Negritos” para ser reubicada en un espacio de cuidado de adultos mayores a cargo del Sistema Municipal DIF detona una abierta confrontación por los hijos que disputan una millonaria herencia.

Lo que inicialmente era un caso de exceso de poder y abuso en perjuicio de la mujer de 82 años de edad con una serie de afectaciones en su salud, y que fuera denunciado por su hija Jessica González de Zúñiga, es ahora un motivo de choque con su hermano Raúl González, quien acusa una serie de decisiones de su hermana sin aval de la familia y con el presunto único interés de apoderarse de una herencia de varios millones de pesos. Raúl González contactó al reportero para ofrecer lo que calificó como su testimonio verídico en torno a lo dado a conocer a través de este medio. 

De entrada, señala a su hermana Jessica de mentir al afirmar que no abandonó a su madre, cuando sí lo hizo desde hace varios meses para realizar un trámite migratorio en Estados Unidos. Ofrecer haber iniciado querellas por la custodia de su madre Doña Delfina, quien ha sido obligada a soportar el uso indebido de sus bienes y poder notarial para que Jessica obtenga presuntos beneficios económicos. Muestra una detallada relación de presuntos préstamos, arrendamiento de propiedades e ingresos por concepto de réditos y pensión que su hermana ha dispuesto de estos.

“Nunca nos ha entregado informes de gastos, he documentado la condición médica de mi madre, y en todo se ha faltado a la verdad, sé que tergiversado todo, se han aprovechado para obtener beneficios económicos”, dijo Raúl González.

Detalla una serie de movimientos financieros de los cuales no hay cuentas ni uso de su destino, alrededor de 2 millones de pesos por concepto del presunto despojo de una propiedad, dos préstamos tramitados y firmados sin plenitud de consciencia de su madre, uno por 100 mil pesos y otro más por 300 mil pesos, alrededor de 180 mil pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad entre los años 2022 y 2023 y 3.3 millones de pesos  entre aguinaldos, prestaciones y otros ingresos cuyo destino y ubicación se desconocen.

Lamentó que, en todo esto, sea su madre quien lleve la peor parte al tener que ser los hijos quienes se confrontan a partir de la sustracción de ella de la estancia privada para quedar en custodia del DIF.

“Mi madre estaba en abandono, yo solo deseo su bienestar y tenerla conmigo y evitar que se sigan cometiendo más actos de injusticia y abuso en su contra”, advirtió.

Propiedades e ingresos millonarios ahora en disputa, e informes médicos que muestran la precaria salud de Doña Delfina.