Leyes absurdas
L a legislación mexicana tiene disposiciones que no siempre se ajustan a la razón del Derecho y cumplen el propósito de hacer justicia. Se dice que la ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.
Sin embargo, existen leyes absurdas, debidas más a propósitos aviezos o impulsos viscerales, que al deseo de promover la armonía y la sana convivencia entre los miembros de una comunidad.
En casos extremos, las leyes están hechas para transgredirse y con ello posibilitar la obtención de algún fruto para quienes tienen el deber de vigilar su cumplimiento.
La ''mordida'' y el cohecho son caras del mismo fenómeno de la corrupción que ahoga al pueblo de México y retrasan su progreso.
Como muestra de esas leyes rayanas en lo absurdo, habría que recordar el ordenamiento avalado por el Congreso de Tamaulipas, que prohibe el uso de minifalda en el desempeño de labores en el gobierno, pues según Jorge Ábrego Adame, secretario de Administración: "Que entiendan que vienen a un sitio de trabajo y no a un lugar de recreo.
No les voy a permitir que traigan la falda muy arriba.
Hay muchachas muy guapas, pero ésto no es una pasarela".
Motivo de gran controversia es la figura jurídica que tipifica, en el Código Procesal el exceso de legítima defensa.
Según jurisprudencia de la Suprema Corte: "Se tipificó el exceso en la legítima defensa, si el medio empleado por el sujeto activo no fue racional ni adecuado, ya que propiamente no llegó a existir agresión por parte de la víctima, sino una actitud que podría calificarse de brutal, y que pudo provocar el temor de la agresión, pero sin que la propia agresión se hubiera actualizado.
(Amparo directo 4303/57.
José Trinidad Lozano Andrade.
16 de Abril de 1958).
Sí, pero, ¿cómo, en un momento de peligro inminente, una persona agredida, puede calcular cuál sería un medio racional y adecuado para poner a salvo su vida? La ambigüedad en este caso es una puerta, más bien una colosal portería abierta para todo tipo de corruptelas.
No ha mucho que un acusado de exceso de legitima defensa debió pagar 100 mil dólares para poder librarse del cargo.
Otra muestra de disposiciones irracionales la dio a mediados de enero de 2009, el entonces alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks (¿Le suena el nombre?), quien decretó que los besos en la vía pública serían castigados con penas de hasta 36 días de prisión y mil 500 pesos de multa, esto debido a que los besos atentaban contra las buenas costumbres.