La carta de la UIF por la que Collado pagó 10 mdp

Juan Collado denunció que ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, le impuso como condición para salir de la cárcel vender Caja Libertad a Banca Afirme, propiedad de su amigo Julio César Villarreal Guajardo, en una cuarta parte de su valor real

El primer pago iba a ser el año pasado por 300 millones de pesos y en los tres años siguientes los restantes mil 700 millones, de acuerdo con la denuncia presentada por Collado el 19 de octubre pasado y con la que busca un criterio de oportunidad que le permita salir de prisión. Conforme al dicho de Collado, hace dos años la condición esencial para facilitar su libertad era la venta de la Sofom al banco de Villarreal en 900 millones de pesos, aunque su último avalúo era de más de 3 mil 570 millones.

El litigante denunció ante la FGR a Scherer y a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, estos tres en un principio sus abogados, así como a David Gómez Arnau, a quien identifica como representante de Banca Afirme. Con excepción del ex consejero, la FGR ha procedido penalmente contra todos los denunciados, quienes este lunes están citados a una audiencia para ser imputados ante un juez por los delitos de extorsión, lavado de dinero, asociación delictuosa y tráfico de influencias "Juan Antonio Araujo Rivapalacio me comentó que sería 'Libertad por Libertad'; yo le dije que no entendía que tenían que ver mis procesos penales con la venta de la empresa.

También le dije que, si eso era necesario para un acuerdo reparatorio, que se estableciera en un documento o instrumento jurídico que estuviera avalado por la autoridad", dijo Collado en su querella. "En esa reunión me comentó Juan Antonio Araujo que era mejor que yo vendiera la empresa porque de todas maneras iba a perderla, me mencionó que ya tenían luz verde de Julio Scherer Ibarra para vender la empresa y utilizaba la referencia de Banco Afirme como comprador, que este último iba a estar representado por David Gómez Arnau". Según Collado, en enero de 2020 la oferta de Scherer, a través de sus abogados, sólo era trasladarlo al Hospital Durango, donde esperaría a que se resolviera su amparo contra el proceso. Poco después le avisaron que esa opción se había complicado y que su única salida era vender Caja Libertad.

Araujo y González defendieron a Collado durante un tiempo y más tarde a Alonso Ancira quien, coincidentemente, salió de la cárcel con un acuerdo reparatorio en el que también aparece el "compromiso" del empresario para vender sus acciones de Altos Hornos de México (AHMSA) a una subsidiaria de Grupo Villacero, también del citado Julio Villarreal.

"Por el mes de junio del año 2020 los señores Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández me visitaron en el Reclusorio Norte y me dijeron que la persona interesada en la compra de Caja Libertad eran los dueños de Banco Afirme, que era amigo personal de Julio Scherer, que a su vez sería representado por el señor David Gómez Arnau, quien tenía muchos años en el medio financiero", narra Collado. Los abogados le comentaron en aquella ocasión que Gómez Arnau era un hombre de todas las confianzas de Scherer, ya que eran amigos desde hace muchos años, de cuando trabajaron juntos en Grupo Escorpión, de Enrique Molina Sobrino, empresario perseguido penalmente en el sexenio de Vicente Fox.

"Por otro lado, en el mes de marzo o abril del año en curso (2021). me encontré en el área de locutorios a César y Juan visitando al ingeniero Alonso Ancira, les dije que se habían olvidado de mí como su cliente, que qué había pasado, a lo que Juan me contestó 'tú no has querido avanzar', te dije que estaban esperando ver tu voluntad en la venta de la empresa a David, 'si tomas la decisión, avísanos'", cuenta.

Antes de salir de la cárcel, Ancira revocó a sus abogados. Ya en libertad, se fue del País y decidió no venderle AHMSA a Villarreal, aunque el compromiso estaba enunciado en el acuerdo reparatorio. Si bien en un primer momento no le había gustado la idea, Collado aprobó llevar adelante la negociación para vender la Sofom y poder concretar el acuerdo reparatorio. Su hermana María Julia Collado Mocelo declaró a la Fiscalía que la primera vez que se sentó con los posibles compradores, fue el 3 de julio de 2020 en la oficina de Juan Araujo, en Francisco Sosa, Coyoacán. Al llegar, se dio cuenta que Gómez Arnau, representante de Afirme, estaba acompañado de José Elías Sahab Jaik, director corporativo de asuntos estratégicos de Grupo Minero Autlán. Desde entonces y hasta el 28 de mayo de 2021 ella dice que mantuvo contacto sobre todo con Gómez Arnau.

El 23 de febrero Juan Collado gestionó el retiro de un cheque de un fondo abierto en Estados Unidos a nombre de sus hijos, por 150 millones de pesos, para pagar la mitad del primer depósito de la reparción del daño. La otra mitad pensaba cubrirla con la venta o hipoteca de cinco inmuebles que fueron valuados en 380 millones de pesos. También había contratado el avalúo que estableció el valor de Caja LIbertad en 3 mil 570 millones 438 mil pesos. Paralelamente, entre el 10 de diciembre de 2020 y el 27 de julio de 2021 los hijos de Juan Collado también se reunieron en privado con Scherer, en sus oficinas de Lomas Virreyes, para continuar con las negociaciones.

"Es importante señalar que no obstante se hicieron diversas propuestas, el Consejero Jurídico refirió que la única forma de concretar el acuerdo era además dando en garantía acciones de mi propiedad y de mi familia en Caja Libertad", declaró Collado. Precisamente a finales del mes de julio, Juan Collado Dot, hijo del procesado, habló con el vicefiscal de la FGR Juan Ramos, quien le dejó en claro que esa negociación con el consejero jurídico era improcedente porque legalmente no podían modificar la acusación por el delito de delincuencia organizada. El 27 de julio del año pasado los hijos de Collado se reunieron con Scherer para decirle que la FGR no compartía la idea del acuerdo reparatorio. El consejero les prometió que su padre estaría fuera del Reclusorio Norte en dos semanas. Los familiares aseguran que esa fue la última vez que vieron a Scherer, quien ya les había solicitado no buscaran ningún otro canal de solución que no fuera él.

El 31 de agosto renunció al cargo el consejero jurídico y con ello se esfumó toda posibilidad de liberación inmediata para Collado. "En ese momento nos sentimos muy mortificados porque había pasado casi un año desde que se vio por primera vez a Julio Scherer Ibarra y nos habíamos esperanzado en poder celebrar el acuerdo reparatorio que se nos había comentado conforme a sus peticiones, además de que durante meses caminamos con la certeza de que era el único conducto a mi libertad, accediendo a todas las peticiones que nos hacía directa o indirectamente por conducto de César, Juan Antonio Araujo y David Gómez Arnau", declara Juan Collado.

Una gestión de 10 mdp con la UIF Juan Collado afirma que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo a su abogado César Omar González Hernández, por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerrara una investigación que seguía en su contra. La gestión consistió en tener una cita con Santiago Nieto, entonces titular del organismo, y conseguir un oficio donde dicha unidad concluye que no lo investigaba.

En total, Collado dice haber desembolsado 41 millones de pesos por los servicios de Juan Antonio Araujo Rivapalacio y su socio César González. Es decir, que además del costo por la gestión ante la UIF, los abogados le cobraron por separado unos honorarios de 31 millones 144 mil 200 pesos, mediante un cheque de 1 millón 381 mil 851 euros con 68 centavos, entregado en España.

"(La reunión) fue a mediados de junio de 2019, donde lo único que me comentó el titular de la UIF fue que en caso de que hubiera alguna irregularidad de naturaleza fiscal, él daría aviso a la Procuraduría Fiscal con la finalidad de que se le diera trámite a cualquier anomalía", dice Collado en su denuncia. Según su relato ante la FGR, Collado contrató los servicios de Araujo y González porque le comentaron de su relación con el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y porque desde noviembre de 2018 le habían ofrecido ayuda para sus clientes.

Una columna publicada el 28 de mayo de 2019 en el diario El Financiero, que menciona que el Servicio de Administración Tributaria revisaba las cuentas bancarias del ahora interno en el Reclusorio Norte, hizo que los defensores rastrearan el asunto. Luego lo citaron para tomar un café en el Hotel Hyatt de Polanco y cerca del 7 de junio de 2019 le llamaron por teléfono para explicarle que su problema era por un depósito que debía aclarar. Le comentaron que realizarían gestiones "para que el asunto no trascendiera".

Apenas unos días después, le consiguieron una reunión con Santiago Nieto en la UIF. González le anticipó que no podía acompañarlo, aunque en su lugar estaría Juan Pablo Piña, su socio en Puebla. Una de las personas que sí acompañó a Collado a esa reunión fue su hermano Antonio. "César y Juan Araujo buscaron a mi hermano Juan Ramón y le dijeron que nos tendríamos que presentar ante la UIF, que nos acompañaría un socio suyo de Puebla de nombre Juan Antonio Piña, lo anterior a petición del amigo Julio Scherer, con la finalidad de que no los relacionaran a ellos con la investigación de mi hermano Juan Ramón", cuenta Antonio Collado.

"Al día siguiente, sin recordar la fecha, acudimos a la UIF, ubicada en Avenida Constituyentes, y nos acompañó a mi hermano y a mí el licenciado Juan Pablo Piña y de parte nuestra fue el licenciado Jaime Sánchez Montemayor y el licenciado Abelardo Antonio, ese día nos atendió el director de la Unidad, el doctor Santiago Nieto y varios de sus colaboradores". En este testimonio, el hermano refiere que la investigación de la UIF era por operaciones de tres empresas y que, tras escuchar a las autoridades, Collado hizo una exposición sobre dichos movimientos bancarios, comprometiéndose a entregar en breve el soporte documental que las justificaba. El denunciante asegura que, unos días después, González le dijo que el costo de la gestión era de 20 millones de pesos. Si bien no estuvo de acuerdo, lo persuadieron con la amenaza de que "tendría consecuencias con su amigo", en relación a Scherer. El pago al final se hizo el 18 de junio de 2019 y fue de 10 millones de pesos en efectivo, dinero que Collado sostiene que provenía del remanente de las operaciones comerciales de las casas de empeño de su familia, ya que los deudores prendarios pagan en efectivo.

Es un dinero que sacó de su caja fuerte y que su hijo le ayudó a contarlo y a entregarlo. "Se entregaron 10 millones de pesos el día 18 de ese mes en la terraza del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México... Aclarando que a mi hijo Juan Ramón Collado Dot le consta que se hizo esa entrega pues él estuvo en esa terraza en otra mesa y que en el momento que le di el dinero al señor César, él me entregó un documento consistente en un acuerdo de la UIF", dice. Era un oficio suscrito en la misma fecha por la la directora general adjunta a la Dirección General de Procesos Legales de la UIF.

"Por tanto, no existe ningún acto emitido por esta autoridad que pueda afectar la esfera jurídica del solicitante, porque no se encuentra incluido en la Lista de Personas Bloqueadas y tampoco existe investigación activa en su contra por parte de esta UIF", dice el oficio. Buena noticia A fines de junio de 2019 Juan Collado se fue a España. Sólo pasaron unos días para que su abogado César Omar González Hernández le llamara y pidiera que regresara a México en forma "urgente", de acuerdo con la denuncia del procesado. Así lo hizo, sin sospechar que desde el 6 de julio, cuando ya estaba en la Ciudad de México, se había ordenado su aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. "El 8 o 9 de julio sostuve una llamada con él, donde me comentó que era urgente que nos viéramos en el restaurante Brasserie Lip en el Hotel Marriot de Polanco, porque tenía algo importante que decirme y que me tenía buenas noticias", narra. "Siendo el caso que el día 9 de julio de 2019 nos reunimos cerca de las 13:00 horas en ese lugar y César González me dijo que existía una carpeta de investigación en mi contra, ante esa información le pregunté que si esa era la buena noticia, pues me desconcertó, y le pregunté de qué se trataba".

El abogado todavía le dijo que no se preocupara, que él iba a atender el asunto y que lo llamaría más tarde, "que mientras estuviera bien con ellos, nada podía salirse de control por sus relaciones personales en el Gobierno federal". Collado salió del Marriot y se dirigió al restaurante Mortons, en las Lomas de Chapultepec, para comer con Carlos Romero Deschamps, todavía líder del sindicato petrolero. "Al salir de dicho lugar, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, fui detenido por agentes de la FGR., siendo puesto a disposición de un juez penal con sede en el Reclusorio Norte, cerca de las 19:00 o 20:00 horas de ese mismo día", recuerda. El cheque en España Dos o tres días después de su captura y vinculación a proceso, Collado recibió la visita de Araujo y González en el Reclusorio Norte. "Me dijeron que el tema estaba delicado pero que el asunto se podía resolver en la apelación o en el amparo, pero que tenía que acceder a lo que me pidieran, ya que mi libertad estaba en sus manos ya que el señor Julio Scherer Ibarra controlaba también el Poder Judicial de la Federación", relata. Más tarde, también lo buscaron para hablar de los honorarios, le pidieron 3 millones de dólares, la mitad por adelantado y la otra hasta que el asunto estuviera debidamente concluido.

"Les comenté que no tenía acceso a esa cantidad, a lo que me refirieron que dicho pago era el único camino hacia la libertad y así como me ayudaron en la UIF, podrían cerrarme las puertas, por lo que accedí ante el temor de que su equipo presionara a las altas esferas del Gobierno en mi contra, solo les pedí un plazo para hacer movimientos financieros de la herencia de mi padre", refiere el denunciante ante la FGR. El 14 de febrero de 2020 su hermana Julia Collado Mocelo contactó por WhatsApp a González, quien le pide que registraran a nombre del abogado Isaac Pérez Hernández tanto el contrato de honorarios como el cheque con la primera mitad del pago. Seis días más tarde, el defensor le envió para firma el contrato de prestación de servicios por 3 millones de dólares, fechado el 17 de febrero y a nombre de Pérez Rodríguez. Según el procesado, tanto Araujo como González pidieron a su hermana que les entregara el cheque en Madrid. El cheque fue expedido en favor de Isaac Pérez Rodríguez por la sucursal de BBVA en Oviedo Mendizábal, Asturias, España, por 1 millón 381 mil 851 euros con 68 centavos, equivalente a 1.5 millones de dólares en aquel momento.

El 18 de febrero Juan Ramón Collado Dot y José Ricardo Merino Collado, hijo y sobrino del procesado, viajaron a Madrid. Dos días después, le entregaron el cheque a Pérez Rodríguez en el Hotel Wellington del Barrio de Salamanca, en la capital española. El hijo de Collado tomó una fotografía al pasaporte de Pérez Rodríguez y a un pedazo de papel donde firma de recibido. Enseguida, le envió la imagen a su tía Julia y al abogado Mauricio Flores.

Las fotografías hoy las tiene la FGR. "Quiero hacer especial énfasis que ese pago se realizó porque Araujo me comentó que ellos podrían, a través del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, obtener buenos resultados o favorables de la apelación y del amparo en contra del auto de vinculación a proceso, pues el consejero tenía el poder y las relaciones suficientes en el Poder Judicial, específicamente en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Federación y siempre y en todo momento me enfatizaron que no había otro camino hacia mi libertad que no fueran ellos", relata. Collado creía en el control de Scherer sobre la Corte y la Judicatura, porque el 5 de octubre de 2020 Araujo le envió por WhatsApp el proyecto de sentencia del amparo en revisión 16/2020 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El proyecto, que lo tuvo en sus manos antes de ser votado por los magistrados, proponía confirmar la negativa de amparo contra la vinculación a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada. El tribunal sesionó el caso hasta el 9 de octubre y, efectivamente, ratificó la negativa. Reuniones con Scherer El 9 de diciembre de 2020 Juan Ramón Collado Dot, hijo del abogado Juan Collado, envió un mensaje por WhatsApp a Elena Castillo, secretaria particular del entonces consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra. -Hola, muy buenos días, Elena, soy Juan Collado hijo.

Me encontré al señor consejero en Miami y le solicité una reunión para poder platicar con él, me pasó tu número de teléfono para poder agendar una reunión con él. Podrías comentarle que te busqué y que él te indique cuándo podría verlo. Te agradezco y estamos en contacto. Saludos. Juan Collado. -Con mucho gusto le comento. Castillo le devolvió la comunicación y lo citó para el día siguiente a las 17:30 horas en la oficina particular de Scherer, en Antonio de Mendoza, Lomas Virreyes.

Este fue el primero de al menos ocho encuentros que sostuvo el ex consejero jurídico con familiares de Collado, para negociar un acuerdo que permitiera la liberación del litigante. Todas las comunicaciones por WhatsApp con la asistente de Scherer fueron entregados por los familiares de Collado a la FGR. El acercamiento había empezado apenas el fin de semana anterior, cuando el 5 de diciembre Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, hijos del litigante preso, se encontraron por casualidad a Scherer en el restaurante Carpaccio, en Miami, donde lo abordaron y le pidieron unos minutos. Los jóvenes le solicitaron una cita y él les dio el número de su secretaria. Desde el primer encuentro en la oficina de Scherer, quedó en clara cuál era la salida que les ofrecía. "A esa junta acudieron mis hijos y el consejero les propuso un acuerdo reparatorio, ya que tenía órdenes superiores de ayudar, y señaló que tenía que entregarse una cantidad de dinero para dicho acuerdo", dice el procesado en su denuncia", cuenta Collado. Los hijos relataron a la FGR que en ese primer encuentro el consejero jurídico les dijo que tenía la instrucción "superior" de darle camino a la negociación de un acuerdo reparatorio, sin mencionar una cantidad.

Allí les pidió que su padre redactara una carta de agradecimiento dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que puntualizara que el consejero jurídico era el conducto para un arreglo. "A los pocos días, el 16 de diciembre, a las 17:00 horas, mis hijos Juan Ramón Collado Dot y María del Mar Collado Dot tuvieron otra reunión con el licenciado Julio Scherer Ibarra, en la cual les dijo que sí se podía llegar a un acuerdo reparatorio y que lo volviera a buscar en enero", refiere el procesado. En esa cita, los Collado le mostraron al funcionario la carta redactada por su padre para el Presidente de la República. Fue en esa ocasión cuando Scherer les informó que el acuerdo reparatorio que debía pagar Collado era de 2 mil millones de pesos. El 14 de enero de 2021 el hijo de Juan Collado acudió ya sin la hermana a la oficina de Scherer.

Sólo le comentaron que el trámite del acuerdo estaba avanzando. El 20 de enero de 2021 a las 13:00 horas Scherer recibió otra vez a Juan Collado Dot, para explicarle los términos del pago del acuerdo. "Se reunieron y le dijo que tendrían que llegar a un acuerdo reparatorio por 2 mil millones de pesos, que el primer pago sería por 300 millones y luego en 3 años los mil 700 restantes", narra el denunciante.

Collado dice que desde un principio sus abogados le dijeron que no buscara a Scherer, que ellos serían el único conducto. El 3 de marzo y 7 de abril de 2021 Collado Junior se reunió nuevamente con Scherer, en la oficina de Lomas Virreyes. En la primera cita, el joven sólo había ido a entregar una nota personal que redactó para informarle a Scherer su preocupación por los problemas de hipertensión y diabetes de su padre. Scherer lo hizo pasar y le pidió que le leyera el texto. Enseguida, el funcionario hizo unas llamadas para que Collado Dot escuchara que estaban revisando el acuerdo reparatorio. En la cita de abril, Scherer le dijo a Collado Junior que su padre tenía que ofrecer una garantía de activos para el acuerdo reparatorio y que, además, el primer pago sería en dos depósitos de 150 millones cada uno. En junio, sin precisar fecha, el hijo de Collado dijo que volvió a ver a Scherer en su oficina particular y que en esa ocasión pidió que su papá ordenara un avalúo de sus propiedades y garantizar el acuerdo reparatorio con las acciones de Caja Libertad.

Lo que parece que cambió el rumbo de esta historia fue un encuentro que tuvo el joven Collado con Juan Ramos, Fiscal Especial de Control Competencial de la FGR y brazo derecho de Alejandro Gertz Manero. En esta cita, aparentemente ocurrida el 5 de julio, Collado Dot le hizo saber de su negociación con Scherer y el funcionario le manifestó que ese acuerdo reparatorio era improcedente porque no podían reclasificar el delito de delincuencia organizada. Preocupado, buscó una nueva cita con Scherer y esta vez acudió a su oficina junto con su hermana María del Mar Collado y el abogado Javier López. El consejero los recibió el 27 de julio y allí les prometió que al mes siguiente el litigante estaría fuera de prisión. "Le comentamos nuestra preocupación y dijo el señor Julio que no nos preocupáramos, que él personalmente iría a la FGR a hablar con el Fiscal General y enderezar el tema, le dijimos que cuándo podríamos tener a mi papá fuera y nos dijo que era cuestión de un par de semanas. Es desde entonces que perdimos comunicación con el señor Julio", declaró el hijo de Collado a la FGR.

El último día de agosto de 2021, Scherer renunció a la consejería Jurídica. .Y recomienda a allegado de Alfonso Romo Por recomendación del entonces consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, Caja Libertad contrató los servicios de Arturo Quintero, quien trabajara con Alfonso Romo en Vector Casa de Bolsa, para evitar la intervención gerencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Antonio Collado Mocelo declaró a la FGR que, a través de Juan Antonio Araujo Rivapalacio -quien fuera abogado de su hermano-, Scherer les hizo la "recomendación", apenas unos días después de que Juan Collado fuera detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte, el 9 de julio de 2019. "Una semana después (de la captura), en el Hotel Presidente en la calle Campos Elíseos de la Ciudad de México, Juan Araujo me presentó al licenciado Arturo Quintero, abogado especialista en materia financiera de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual palabras textuales del licenciado Araujo, tenía aprobación y luz verde del consejero jurídico Julio Scherer y que si lo contratábamos él podía evitar que la Comisión Bancaria o la Secretaría de Hacienda interviniera gerencialmente Libertad Servicios Financieros", dice.

Al día siguiente, Antonio Collado comunicó de la oferta a su hermana Julia, al consejero José Antonio Navalón, el contador Alfredo Solloa García y al director general de Libertad, Hugo Morales, quienes manifestaron estar de acuerdo en contratar a Quintero. El declarante agrega que, una vez contratado, el regiomontano les comunicó que además debían nombrarlo presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, en lugar de Juan Collado. "Recuerdo que yo le hablé al licenciado Quintero y le dije que gracias por auxiliarnos, pero él me comentó algo, que yo no estuve de acuerdo desde el principio, que él debería ser el presidente del consejo y que mi hermano Juan Ramón debería renunciar al cargo de inmediato, y que así lo había sugerido el licenciado Juan Araujo, por instrucciones del consejero jurídico Julio Scherer", relata el hermano del procesado.

"En ese momento, yo le comento al señor Juan Ararujo, vía telefónica, que si era prudente que buscara al entonces jefe de oficina de la Presidencial el ingeniero Alfonso Romo, ya que el licenciado Arturo Quintero había sido consejero de Vector Casa de Bolsa, institución financiera donde el ingeniero Romo era socio; me comentó el licenciado Araujo que por ningún motivo nos podíamos saltar al consejero jurídico Julio Scherer, que si yo dudaba de las instrucciones que nos estaban dando, lo iba a tomar a mal y en lugar de ayudarnos nos podía perjudicar en la defensa de mi hermano y de la empresa". Al final, la Sofom aceptó remover a Juan Collado como presidente del Consejo de Administración, pero no designó a Quintero en su relevo. El 18 de octubre de 2019 fue nombrada en el cargo Silvia Lavalle Henaro, ex vicepresidenta de Supervisión de la CNBV. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 la CNBV realizó diversas visitas a Caja Libertad, pero nunca la intervino gerencialmente.