La alerta internacional es para la región Laja-Bajío

El 9 de diciembre la Policía Municipal de Celaya recibió un aviso de los empleados de la recepción en un hotel céntrico de esta ciudad: dos personas llegaron a hospedarse “en actitud sospechosa”, una de ellas menor de edad. Cuando los policías acuden y hablan con ellos, se dan cuenta de que fueron víctimas de secuestros virtuales.

Fue el enésimo caso similar que llegó a la corporación municipal y fue atendido por un grupo de exagentes federales integrados en el trienio pasado. Las dos víctimas son celayenses, pero habitantes de municipios vecinos, como Comonfort, Apaseo el Alto o Apaseo el Grande han recibido llamadas similares y fueron obligadas a hospedarse en hoteles de Celaya.

El impacto de la delincuencia, por cuyo liderazgo pelean ferozmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, se expande en la Región Laja-Bajío, la segunda zona metropolitana más grande de Guanajuato, de la que forman parte Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Comonfort, Jaral del Progreso, Tarimoro, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. El corazón de esta región es Celaya.

Esta ciudad, de poco más de medio millón de habitantes, concentra casi la mitad de la población total de la región Laja-Bajío. En los últimos años la violencia ha invadido todos los espacios y cobrado vidas en prácticamente todos los espacios, incluyendo la comandancia de policía y los panteones.

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Sus habitantes buscan ponerse a salvo cerrando con rejas los accesos de sus colonias y, cuando se puede, contratan vigilantes. También modifican sus horarios, hábitos y rutas.

CEDEN AL MIEDO

Aun así, restaurantes, centros botaneros, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, tortillerías y otros giros han cedido al miedo, a la extorsión o a los ataques a balazos y han bajado sus cortinas. Datos de la cámara de la industria restaurantera local refieren que este año, hasta para mediados de noviembre, habían cerrado por lo menos 25 empresas afiliadas al organismo por la pandemia y la inseguridad. El año anterior cerraron al menos una decena de agencias automotrices, tortillerías y bares.

Los reportes de extorsión en el estado crecieron en más de mil 200% de 2020 a 2021. Mientras que de enero a octubre del año pasado se habían denunciado 14 casos (según las carpetas iniciadas por la fiscalía del estado), en el mismo lapso de este año ya eran 209, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Muchos de los negocios que sufrieron extorsión cerraron temporalmente, pero otros no volvieron a abrir porque fueron objeto de ataques armados o asesinatos.

“Reconsidere los viajes por delitos”, se lee en la alerta de viaje que la embajada de Estados Unidos actualizó al 8 de diciembre en su página web para prevenir a sus empleados. La restricción es específicamente para que no viajen al área sur de la carretera federal 45D, “incluida Celaya, Salamanca e Irapuato”.

La embajada advierte que “la violencia de pandillas, a menudo asociada con el robo de petróleo y gas natural de la compañía petrolera estatal y otros proveedores, ocurre en Guanajuato, principalmente en las áreas sur y central del estado. De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”.

En términos similares, el gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes a México, incluyendo también las carreteras 45, en el tramo entre León e Irapuato, y la 45D, entre Irapuato y Celaya, puesto que “existen preocupaciones específicas de seguridad y protección” a sus ciudadanos.

La carretera federal 45 (carretera Panamericana) recorre el norte y centro de México. Entre Chihuahua e Hidalgo pasa por ocho estados. Pero de los mil 920 kilómetros de su extensión, poco más de 130 están marcados por las alertas que los dos países vecinos del norte han emitido recientemente; es el tramo que comunica a la mayor parte del corredor industrial de Guanajuato, desde León, Irapuato y Salamanca hasta la colindancia con Querétaro por el sureste del estado. Es decir, por Celaya y los Apaseos.

Lo mismo ocurre con la carretera 45D, alternativa de cuota y de alta velocidad que corre paralela por Salamanca, Villagrán, y pasa por el sur de la zona urbana de Celaya hacia Apaseo el Grande.

Nadie en la región Laja-Bajío olvida que entre 2018 y 2020, en estas carreteras y sus cruces con vialidades estatales que comunican a Celaya con los municipios a su alrededor, organizaciones delictivas como el Cártel de Santa Rosa de Lima despojaban a conductores de sus vehículos en pleno trayecto para atravesarlos en estas vías e incendiarlos.

A pesar de que incidentes de este tipo menguaron, las carreteras que conectan a Celaya no han dejado de representar riesgos para quienes las utilizan. Delitos como la desaparición de personas, robo de vehículos particulares y asaltos a camiones de carga no han cesado.

El 13 de junio, en el trayecto entre Salamanca y Juventino Rosas, el profesor Jorge Enrique Rodríguez Muñoz –maestro de bachillerato en San Luis de la Paz– y su primo César Emmanuel Salazar (quien vino de Estados Unidos de visita) viajaban con varias personas en dos vehículos, a uno de los cuales se le ponchó una llanta. Ambos se quedaron en la unidad mientras el resto del grupo siguió su camino en el otro auto. Cuando regresaron a buscarlos ya no los hallaron; por teléfono, les alcanzaron a decir a sus amigos que habían escuchado disparos.

El cuerpo del profesor fue identificado por la fiscalía general del estado el 29 de julio; estaba en las instalaciones del Servicio Forense en Celaya. La plataforma Por la paz y la justicia en Guanajuato informó que el Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas solicitó medidas urgentes a las autoridades federales y estatales por estas desapariciones.