Gordillo puede ir por revancha

“¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, dijo Elba Esther Gordillo. Llevaba más de dos años presa y aprovechó una audiencia judicial para reivindicar su liderazgo y pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su verdugo en el Poder Judicial, el juez Alejandro Caballero Vértiz, que aplicaran la ley y no criterios políticos.

Gordillo hablaba desde el área médica del penal femenil de Tepepan, al sur de la ciudad, donde estaba recluida, en una videoconferencia con el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la capital del país, con sede en el Reclusorio Oriente, en donde se centró gran parte de la batalla judicial de la “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ese 17 de agosto de 2015, la PGR argumentaba ante el juzgador por qué debía negarle la prisión domiciliaria. Podría escapar al extranjero, donde tiene propiedades, le dijo el Ministerio Público federal al juez.

“Soy ciento por ciento mexicana y mis visitas al extranjero eran breves y para descansar”, reviró la maestra. Y, directa, le pidió a la PGR: “Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político”. También se refirió al Poder Judicial y remató con una disculpa: “Perdón”.

Fue la primera vez, en los dos años y medio que llevaba en prisión, en que Gordillo Morales aludía públicamente a una persecución política. La PGR llegó a utilizar hasta razones de estabilidad social y de “la paz y la seguridad del Estado” en el proceso judicial que inició con la detención de Gordillo en febrero de 2013, cuando Enrique Peña Nieto apenas tenía tres meses de haber llegado a Los Pinos y se encaminaba hacia la aprobación de la reforma educativa, a la que ella había manifestado su rechazo.

Cinco años después, al final de su sexenio y devastado electoralmente, Peña Nieto sufrió el mayor revés político judicial de su gobierno, luego de que un Tribunal Colegiado descalificó las investigaciones de la PGR en el caso Ayotzinapa. Lo que al principio pareció un triunfo político de Peña sobre Gordillo, quien lo había desafiado a él y a su partido, terminó en un desastre más para la procuración de justicia en México.

Los autores del descalabro presidencial fueron dos de sus principales colaboradores: el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el entonces secretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El primero, por insistir en un delito que no pudo demostrar en tribunales; el segundo, por proveer información sin autorización judicial. Fueron los dos argumentos que pesaron en la sentencia judicial que le dio la libertad a Gordillo el martes 7 de agosto.

Murillo Karam y Mariana Benítez la acusaron de “operaciones con recursos de origen ilícito” por mil 978 millones de pesos, en un esquema que equipararon al que usan los grupos de delincuencia organizada.

En cinco años y cinco meses, el Ministerio Público federal fue incapaz de demostrar esa grave acusación de delincuencia organizada y de lavado de dinero. En el propio Poder Judicial de la Federación se sabía que era un cargo difícil de sostener. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varios ministros tenían claro también que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo tendría que ser liberada por las violaciones constitucionales que se arrastraban.

En septiembre de 2013, en entrevista con Proceso (1923), Murillo Karam aseguró que la información que la PGR le dio al juez “es contundente y no hay siquiera errores de procedimiento”. Pero desde temprano el gobierno peñista tuvo un revés judicial: la justicia federal determinó que la información con la que la PGR armó el caso fue obtenida de manera ilegal; es decir, que Hacienda se la dio a la PGR sin autorización judicial, lo cual fue ratificado en la sentencia final.

La defensa de Gordillo, a cargo del litigante Marco Antonio del Toro, emprendió una agresiva estrategia de defensa e interpuso numerosos recursos para tirar las acusaciones de la PGR. Abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del líder minero y próximo senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, logró incluso silenciar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la PGR en relación con el caso.

A través de un amparo, impidió que el órgano encargado de difundir la actividad de los juzgados federales informara sobre el proceso judicial de Gordillo. Lo mismo le aplicó a la PGR bajo el argumento de que las áreas de comunicación social del CJF y de la PGR podían violar la privacidad de los datos personales de la maestra. Del Toro promovió el amparo luego de que se difundieron imágenes de Gordillo tras las rejas.

A partir de 2016, todas las resoluciones judiciales del caso se conocieron a través de la defensa. Fue el propio abogado Del Toro y no el CJF quien informó a la medianoche del martes de la liberación de la maestra.

Información obtenida ilegalmente

Libre desde la noche del martes sin haber sido sentenciada por ningún delito, Gordillo, de 73 años, va ahora por lo que considera suyo: el liderazgo vitalicio del SNTE, además de sus cuentas bancarias, obras de arte y otros bienes que la PGR le aseguró.

Si se lo propone, está en condiciones de demandar al Estado mexicano por haberla mantenido en prisión durante casi todo el sexenio sin probarle delito alguno.

Gordillo quedó libre porque los recursos fueron lícitos –eran del sindicato--, aun cuando los usó para ropa, atención médica, compra de arte y pago de renta de aviones ejecutivos.