Genera polémica tropezón de Peña

Ciudad de México

Declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que confía en que se aplique la ley a quienes han hecho “falsos señalamientos” contra su gobierno en materia de espionaje, causó molestia entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”, señaló Peña ayer en en Lagos de Moreno, Jalisco.

Más tarde, en Guadalajara, afirmó que lo que pidió a la PGR es investigar si fuera de la administración pública se están registrando intervenciones.

“No lo expliqué suficientemente; advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones, y esta es la indicación que he dado”, matizó.

No obstante, representantes de organizaciones civiles recriminaron que con sus primeras declaraciones el mandatario exoneró en la práctica a los responsables del espionaje contra periodistas y activistas y condenó al fracaso las investigaciones al respecto.

Además, advirtieron, lanzó una “preocupante amenaza” a quienes denunciaron el espionaje.

En un pronunciamiento, el Centro Prodh, Artículo 19, SocialTIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Poder del Consumidor e Imco consideraron que al referirse por primera vez de forma pública a las denuncias sobre el uso ilegal de tecnología para intervenir telecomunicaciones, el Presidente descalificó las denuncias.

“Dado que la investigación aún no ha comenzado, el mandatario carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección.

“Que el Presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el Presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”, reprocharon.

En la inauguración de un parque industrial, Peña aceptó que, en efecto, el Gobierno dispone de tecnología para realizar labores de espionaje, como parte de la estrategia de seguridad, pero rechazó que la utilice para vigilar a periodistas y activistas.

“Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso”, indicó en respuesta a la información difundida por The New York Times sobre el uso del programa Pegasus, desarrollado por una firma israelí, para espiar a una decena de periodistas y activistas en México.

Las organizaciones civiles consideraron como una amenaza el que el Presidente haya advertido sobre la aplicación de la ley a “aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

“Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas.

“Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global”, advirtieron.