Funcionarios ligados a la corrupción operan programas de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- Servidores públicos con posible conflicto de intereses o cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios.

Son los casos de José Genaro Montiel Rangel, funcionario responsable de elaborar contratos que actualmente están bajo investigación y que fueron signados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien fue director financiero en el capitalino Instituto de la Vivienda, durante la dirección de Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan órdenes de aprehensión por presuntos pagos irregulares.

También está el de Karla Paulina Salazar Ramos, actual responsable del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuyo empleo inmediato anterior fue en la Fundación Kybernus, de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, cuyo Banco Azteca es uno de los encargados de la dispersión de las ayudas económicas a población en desventaja.

Instrucción presidencial desatendida

El 26 de marzo de 2020, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, emitió un oficio en el que transmitió a todos los integrantes del gabinete legal y ampliado “la instrucción presidencial” de suspender a todo servidor público vinculado con Genaro García Luna, extitular de la Secretaría, y apuntaba un objetivo: “Evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón”.

Ese mismo día todas las dependencias y entidades emitieron dicha orden a sus principales funcionarios, la cual, sin embargo, logró evadirse en la Secretaría del Bienestar (Sebien), pues la titular, María Luisa Albores, nombró como abogado general a José Gerardo Montiel Rangel, quien durante 2010 y 2011 se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta de Contratos y Normas, cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

La responsabilidad de Montiel Rangel, mencionada inclusive en su declaración patrimonial, era elaborar todos los contratos, convenios e instrumentos jurídicos de la dependencia, precisamente el periodo en que la Fiscalía General de la República revisa las contrataciones irregulares como una de las fuentes de enriquecimiento inexplicable que intenta imputar al exfuncionario calderonista, actualmente detenido en Estados Unidos.

La estrella de Montiel siguió brillando, pues luego de un breve paso por Pemex como asesor en materia de transparencia, se convirtió en 2012 en director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud; es decir que fue responsable de todas las compras de la dependencia, incluidas las medicinas que con frecuencia refiere el presidente López Obrador como parte de un esquema de corrupción.

Para 2014 ascendió. Con José Narro como secretario de Salud fue director general de Programación y Presupuesto hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después Albores lo incorporó a la Secretaría del Bienestar como abogado general. En ese cargo no logró cumplir un objetivo prioritario: elaborar una propuesta aceptable de reglamento interior, pese a que a esa dependencia se le vencieron desde 2019 los plazos legales para emitirlo. 

Cuando el 2 de septiembre Albores fue nombrada secretaria de Medio Ambiente, se llevó con ella a Montiel Rangel, quien está en el área que revisa las manifestaciones de impacto ambiental. 

Administrador bajo la lupa

En el primer año de gobierno de López Obrador fue creada la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez en sustitución de Prospera, Programa de Inclusión Social, que pasó de la Sebien a la SEP.

En dicha coordinación Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro fue designado director general de Administración y Finanzas.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el manejo de los recursos de dicha coordinación, encargada de operar uno de los programas emblemáticos del sexenio: los cuatro de becas que prevén apoyo a estudiantes pobres de todos los niveles educativos.

Funcionario con 30 años de trayectoria, el empleo inmediato anterior de Arroyo del Muro fue en el gobierno de la Ciudad de México, específicamente como director de Finanzas en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), entre 2015 y 2018, precisamente el periodo en el que se identificaron irregularidades que originaron los procesos sobre Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan tres órdenes de aprehensión y quien está prófugo.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México identificó un desfalco de 400 millones de pesos del presupuesto del Invi por el ejercicio fiscal de 2016, un asunto en el que se basó la primera imputación de la fiscalía capitalina que terminó ampliándose a enriquecimiento inexplicable.

El pasado 30 de octubre, agentes de las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos catearon una residencia de familiares de Collins en Tequesquitengo, en la que aseguraron 41 automóviles clásicos, obras de arte, cuatrimotos, una motocicleta y una lancha, propiedades del exfuncionario, quien no las declaró conforme lo exige la ley.

Hasta ahora, los datos sobre otros exfuncionarios presuntos implicados en la investigación que realiza la fiscalía capitalina se han mantenido bajo la mayor secrecía, si bien en la auditoría correspondiente a 2016 se observa que los pagos irregulares fueron efectuados entre otras empresas a favor de Grupo Constructor y Cosultor DIC, propiedad del empresario Servando Montoya Tinajero.

La irregularidad consiste en pagos en demasía y sin fundamento jurídico para construir 325 viviendas en un multifamiliar ubicado en Paseo de Los Olmos 110, colonia Colinas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.

El antecedente es relevante en el caso del administrador de Becas del Bienestar, Arroyo del Muro, pues las conclusiones preliminares de la Auditoría 560-DS de la ASF respecto al manejo de más de 567 millones de pesos pendientes de aclarar por el ejercicio fiscal 2019 (Proceso 2311) incluyen a seis servidores públicos a los que deberá abrirse proceso administrativo.

El círculo de confianza

En los últimos seis meses el gobierno federal ha incorporado perfiles cercanos al presidente López Obrador en el manejo de sus programas prioritarios. 

Desde septiembre pasado, la designación de Javier May como titular de la Secretaría del Bienestar cerró un capítulo de desencuentros internos en la dependencia, que en marzo de 2020 hicieron crisis.

Senador con licencia por Tabasco –la que solicitó para incorporarse a la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, en la Sebien–, May Rodríguez forma parte del circulo original del presidente López Obrador, desde la construcción de su liderazgo regional en la Chontalpa en los ochenta. 

Originario de Comalcalco, Tabasco, donde fue dos veces presidente municipal, May participó con el hoy presidente en las jornadas de resistencia civil pacífica contra las altas tarifas de electricidad, marchó con él en sus caravanas por la democracia y se mantuvo siempre en su entorno. López Obrador lo anunció como subsecretario de Bienestar desde el periodo de transición. En ese coordinaría el programa Sembrando Vida.

Hace un año, el 28 de febrero, un decreto firmado por Albores y redactado por Genaro Montiel, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Dicho decreto dejaba sin facultades sobre el programa forestal a May, quien presentó su renuncia, acusó la maniobra y hasta cambió su fotografía en redes sociales colocando una como senador. De inmediato, el 3 de marzo, el presidente López Obrador dijo que no aceptaba la renuncia y que el decreto sería revertido. Ello dio origen a la inusual publicación del decreto del 5 de marzo que dejó sin efecto el del 28 de febrero.

Meses después, el pasado 2 de septiembre, May asumió la titularidad de la Sebien.

Otros ajustes se han efectuado en la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez. El primero fue por la incorporación de Diego Alberto Hernández Gutiérrez, quien se desempeñaba como integrante de la Ayudantía Presidencial (el cuerpo de asistentes que reemplazó al Estado Mayor Presidencial), como el responsable de la Beca Elisa Acuña, implementada el año pasado y que prevé cuatro vertientes de apoyo a estudiante de educación superior y posgrado.

El pasado martes 9 Abraham Vázquez Piceno fue designado titular de la coordinación de Becas en sustitución de Leticia Ánimas, quien falleció por covid-19. Vázquez Piceno es otro miembro de la Ayudantía Presidencial, cuyo coordinador es Daniel Asaf Manjarrez, quien mantiene una relación de amistad con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente.