ESPECIAL: La desaparición forzada de las instituciones

México ya era un paíscorrupto. El priato heredó la corrupción y, cuando llegaron al poder, lospartidos de oposición la perfeccionaron. Pero el crimen organizado asociado ala corrupción endémica, ese lastre que nos ha sido difícil eliminar, dio comoresultado la cultura de la impunidad. Corrupción-crimen organizado-impunidad,la nueva santísima trinidad entre cuyos efectos más devastadores está ladesaparición del papel de las instituciones públicas para el cuidado y ladefensa de los derechos humanos más elementales. La ONU ha señalado que en losúltimos cuatro años la desaparición forzada tiene permiso en nuestro país:miles de personas convertidas en mercancías para el crimen organizado. ¿Y lasinstituciones? Desaparecidas, también.

¿Qué hizo a la PGR de JesúsMurillo Karam desviarse de una investigación pulcra y apegada a derecho?

¿Qué encontró la PGR queprefirió obviar cierta información y construir una “verdad histórica” sin lasevidencias de que los 43 desaparecidos habían sido asesinados e incinerados?

Los resultados del grupo deexpertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido en generalaceptados por el gobierno federal, por un lado, mientras por otro ha sacado asus francotiradores en la prensa para pegar y contratacar dichos resultados. Laofensiva del gobierno a través de sus personeros buscan el camino sabido: loschicos de Ayotzinapa estaban metidos en el negocio de las drogas, por lo tanto,lo merecían. Es una respuesta que, aunque fuera verdad, en la coyunturapolítica actual no es posible sostener ante un gobierno ahogado en corrupción yen conflictos de interés de todo tipo.

Volvamos a las preguntas: ¿Aquién quiso defender la PGR en sus investigaciones? ¿Por qué la prisa en dar elcarpetazo? ¿Por qué el gobierno federal no se apoyó en los expertos de la CIDHy así salir con la mayor legitimidad posible de una investigación auspiciadainternacionalmente? Las respuestas parecen dirigirse a la aparente implicacióntanto de la Policía Federal como, sobre todo, del Ejército Mexicano. Lasprimeras demandas de los padres de los normalistas apuntaban a revisar loscrematorios militares. En automático la respuesta fue negativa.

¿Hay una verdad que ocultarpor razones de Estado? ¿Asumen que, de comunicarla tal cual, no lo resistiríala indignación social que ya crece y podría prender la mecha que todos temen seproduzca más pronto que tarde? ¿La investigación oficial se desvió por otrosderroteros para no sacar a la luz los sótanos infernales de instituciones delEstado desaparecidas para losciudadanos pero funcionales para el crimen organizado?

La PGR se muestra comoinstitución desaparecida, forzada ensu inutilidad para garantizar mínimos criterios de Estado de derecho. Ayerfabrica una investigación a la medida del gobierno federal, hoy se implicasembrando aparentemente un arma a un abogado de la empresa que denuncia losprivilegios ilegales de que goza OHL, la que logra acuerdos en Los Pinos paraderribar a sus rivales.

Ayotzinapa no sólo es ladesaparición de personas, es la desapariciónde las instituciones, contexto favorable para que “el hombre sea el lobo delhombre”. México no puede resistir más una PGR fabricante de culpables yconfeccionadora de investigaciones a modo. Las instituciones de procuración dejusticia en México están podridas y sólo podrán rehacerse o refundarse conayuda de la comunidad internacional, particularmente la Comisión y la CorteInteramericana de Derechos Humanos.

En México no se investigacientíficamente. Aprovechemos la crisis para avanzar. Las fuerzas políticas ysociales deben presionar para que en el nuevo sistema penal acusatorio se hagauna reingeniería institucional para investigar y sancionar delitos. Hoy lacredibilidad y la legitimidad de los gobiernos está en la manera en queinvestigan y castigan delitos. ¿Daremos el salto hacia adelante o nosdesbarrancaremos en la barbarie?