España anuncia pesquisa sobre abusos sexuales de la Iglesia
La pesquisa abarcará todo tipo de abusos y no se limitará a un período de tiempo en particular, indicó el fundador del bufete, Javier Cremades
El anuncio, hecho ante una multitud de cámaras y reporteros, es un cambio de posición para la Conferencia Episcopal Española, que hasta ahora rechazaba una investigación global sobre la crisis de curas pedófilos.
El presidente de la Conferencia, cardenal Juan José Omella, declaró que el objetivo de la averiguación de la firma Cremades & Calvo Sotelo es “la ayuda y reparación de las víctimas, estableciéndose nuevos cauces de colaboración y denuncia adicionales a los que ya existen en las más de 40 oficinas delegadas por la Iglesia”.
La pesquisa abarcará todo tipo de abusos y no se limitará a un período de tiempo en particular, indicó el fundador del bufete, Javier Cremades.
Busca además complementar otras iniciativas lanzadas por las autoridades españolas, dijeron Cremades y Omella.
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Cremades comentó que, como fiel católico, se siente abrumado por la tarea, pero convencido de que “la Iglesia debe ir hasta el final, hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario”.
Añadió que la compañía trabajaría pro-bono y que la Conferencia Episcopal solo pagaría costes logísticos o las tarifas para asesores externos.
Los legisladores españoles están debatiendo las condiciones de una investigación parlamentaria sobre abusos sexuales cometidos por el clero. El gobierno ha propuesto que el ombudsman nacional se encargue de esa pesquisa.
Preguntado por The Associated Press sobre el cambio en la postura de la Iglesia, Omella reconoció que la decisión se dio después de mucha reflexión y debate interno.
“No es fácil tomar una decisión rápida, pero nosotros lo que nos importa es que empezamos una nueva etapa”, comentó el prelado.
“Queremos ayudar, acompañar y esclarecer todo y el tiempo breve posible porque sí”, añadió.
Si bien algunos obispos y órdenes religiosas se habían expresado abiertos a la idea de una investigación, la Conferencia Episcopal hasta ahora se negaba a realizar una indagación global, proponiendo que en lugar de ello las víctimas eleven sus denuncias a las diócesis correspondientes.
Sobrevivientes de abusos sexuales reaccionaron con escepticismo al anuncio.
Fernando García Salmones, portavoz de la Asociación Infancia Robada, dijo que se trata de “una maniobra disuasoria”.
“¿Encargarían un estudio sobre la mafia a los Corleone? Es distraer, que se diluya, que no se hable de la verdad. No les importa la infancia, los abusados, sino que su negocio siga funcionando”, dijo García Salmones, quien es una de las pocas víctimas en España que han recibido compensación de una orden religiosa.
En tiempos recientes han aumentado las presiones sobre los obispos para actuar en el tema, a medida que más víctimas salen adelante para presentar sus relatos de haber sido abusadas por curas.
Al mismo tiempo, la prensa española ha reportado cómo la jerarquía católica desestimó muchas de las denuncias, ignoró a las víctimas u obstruyó investigaciones, a veces simplemente trasladando a curas a otras parroquias o al extranjero, donde continuaban cometiendo abusos.
El diario El País ha documentado más de 600 involucrando el doble de víctimas, aunque se sospecha que el número real es mucho mayor. La fiscalía recientemente anunció investigaciones sobre 68 casos de abuso en organizaciones religiosas, no todas católicas.
Desde que asumió el papado en 2013, Francisco ha tratado de despertar conciencia en la Iglesia sobre el problema de los abusos y ha aprobado leyes para que la jerarquía tenga que rendir cuentas por encubrir esa conducta. Pero el progreso ha sido desigual de país en país.
La Iglesia católica alemana también ha contratado bufetes de abogados para investigar los abusos. Una investigación reciente acusó al papa emérito, Benedicto XVI, de manejar erróneamente cuatro casos cuando era arzobispo de Múnich.
Sin embargo, la contratación de firmas legales no siempre produce los resultados deseados por las víctimas. Un reporte inicial de la arquidiócesis de Colonia en 2021 fue rechazado por el arzobispo, que contrató a otra firma legal para que elabore un segundo reporte, que lo exoneró a él.