Encierran cárceles de la IP delitos de corrupción

La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto.

Tras apoyarse en McBains Cooper para cabildear el proyecto entre 2008 y diciembre de 2010, dentro del propio gobierno y con la iniciativa privada, Sergio Montaño se convirtió en el director general de McBains Cooper México, el 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de interés que se deriva de esa relación laboral, pese a que ésta se dio posterior a su desempeño como servidor público.

Montaño Fernández es parte de un grupo de 20 funcionarios y exfuncionarios que fueron citados por la FGR ante un juez de control para ser imputados por un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta SSP a la iniciativa privada, con el fin de construir y operar ocho centros carcelarios de mediana y alta seguridad, para ser habitados por reos federales.

La audiencia de imputación en la que se iban a exponer los datos de prueba que existen contra Montaño fue aplazada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, hasta el 18 de octubre próximo, debido a que así lo solicitaron tanto la Fiscalía General de la República como algunos defensores de los imputados.

De acuerdo con la causa penal, cuatro de los 20 involucrados en este caso van a ser imputados por asociación delictuosa y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, incluyendo a Sergio Montaño; mientras que el resto de los indiciados sólo serán acusados del segundo delito.

REVISAN EL EXPEDIENTE

Una revisión del expediente indica que el exoficial Mayor de la FGR y otros exservidores públicos son quienes autorizaron y firmaron los contratos respectivos, mientras que el resto de los indiciados son acusados de firmar convenios modificatorios, en algunos casos, para justificar retrasos en la entrega de las cárceles federales, y en otras situaciones para autorizar la entrega de recursos adicionales para los consorcios constructores, por problemas como inundaciones y cuestiones de seguridad por presuntas extorsiones del crimen organizado durante las obras de edificación de los centros carcelarios.

Existen otros convenios modificatorios en los cuales se ajustan cambios de denominaciones o en la entrega de alimentos, uniformes y enseres menores que también fueron incluidos en la persecución penal por parte de la FGR.

La indagatoria por presunta corrupción a la que Proceso tuvo acceso consta, hasta el momento, de siete tomos y casi un centenar de anexos en los cuales se incluyen todos los contratos y convenios modificatorios que se han firmado por parte de las autoridades y los consorcios involucrados, así como registros públicos de las empresas beneficiarias de los Contratos de Prestación de Servicios (CPS) y de las empresas que fueron subcontratadas para las obras, operación y mantenimiento de los centros penitenciarios financiados por la iniciativa privada.

Implican a 28 funcionarios

- La lista de imputados por el caso de los penales federales implica a 28 funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y hasta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en la indagatoria se reconoce que solamente cuatro exfuncionarios autorizaron la adjudicación y firma de los ocho contratos otorgados a la iniciativa privada

- Se trata del exoficial Mayor de la extinta SSP de enero de 2007 a diciembre de 2012, Sergio Montaño Fernández; así como de sus entonces subordinados Arturo Sosa Viderique, director general de Administración entre 2011-2012; Antonio Romero y Zertuche, director general de Administración en el mismo periodo (2011-2012), y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de Adquisiciones de la desaparecida SSP en 2011.

- Al resto se les pretende imputar la firma de convenios modificatorios entre 2012 y 2019, por lo que se incluye a los tres últimos coordinadores de penales federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien se encuentra actualmente en funciones, y a sus antecesores en el cargo, el también general Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, absuelta de manera definitiva en el proceso penal que se le siguió por la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal del Altiplano.

- Además, se incluyen a todos los que hayan ocupado el cargo de director general de Administración en el Órgano Administrativo Desconcentrado en Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de 2010 a la fecha, y a todos los que hayan fungido como director de Adquisiciones de ese mismo organismo.

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