Emplazan informar caso Nuevo Laredo
Septiembre 17, 2018 -
Resolución de CIDH. Urgen a Peña Nieto poner fin a ola de desapariciones
La desaparición de al menos 36 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre de este año presuntamente a manos de personal de la Secretaría de Marina (Semar) puede convertirse en un caso más que marque a la administración de Peña Nieto.
La FED, a cargo de Abel Galván Gallardo, asumió los casos de desaparición luego que el 30 de mayo último desde Ginebra el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, urgió al presidente Peña Nieto a “poner fin a la ola de desapariciones” en la ciudad fronteriza.
Ra’ad al Hussein sustentó su exigencia con un informe de 24 casos documentados por su personal en México. A esa cifra se fueron sumando expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), hasta llegar a 36, aunque se estima que son 50 las desapariciones atribuidas a marinos en el primer semestre de este año.
Como encargada de la Asesoría Jurídica Federal, órgano de la CEAV de la representación legal de 31 de las 36 familias que se han atrevido a señalar a marinos como responsables de desaparecer a sus seres queridos, Quintana Osuna no ha estado exenta de la estigmatización ni de acciones que ella interpreta como “amedrentamiento” por parte de la PGR.
Con la representación de 15 mil víctimas –casi la mitad de ellas por secuestro, desaparición y desaparición forzada de personas–, la Asesoría Jurídica Federal, que cuenta con un centenar de abogados, ha tenido un papel relevante en la defensa de 31 de las 36 víctimas buscadas en Nuevo Laredo.
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CADENA DE OMISIONES
En entrevista, Quintana Osuna detalla que ha interpuesto siete “amparos buscadores” para obligar a la FED y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) a cumplir sus funciones en este caso; asimismo ha presentado quejas ante la Visitaduría General de la PGR por la “omisión” de la subdelegación de la dependencia en Nuevo Laredo para indagar sobre los asuntos, pues “durante meses –dice– tuvieron las denuncias y no habían hecho nada”.
Quintana Osuna también interpuso una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra jueces de Distrito de la ciudad fronteriza que tampoco actuaron en su momento; igualmente presentó videos a la Semar en los que se aprecia la intervención de su personal en las detenciones con el fin de que la dependencia finque responsabilidades por faltas a la disciplina castrense.
Entre los pendientes no atendidos aún están las solicitudes de protección a los familiares de las víctimas; la investigación de redes sociales a través de las que se ha “estigmatizado, criminalizado y se amenaza” a víctimas, familiares, al presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, y a la misma Quintana Osuna, a quienes incluso se les ha vinculado con el crimen organizado.
La asesoría también ha solicitado, aunque no ha tenido éxito, acceso a una carpeta de investigación abierta el 17 de agosto sobre el hallazgo de dos camionetas clonadas como las de la Semar en instalaciones del C-4, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los vehículos pertenecen al ayuntamiento de Nuevo Laredo y eran tripulados por marinos que estuvieron al servicio del alcalde Enrique Rivas Cuéllar.
La existencia de esas camionetas fue denunciada por la familiar de un desaparecido al término de una semana de presencia de personal de la FED –del 13 al 17 de agosto–, incluido el fiscal Galván, en Nuevo Laredo, para cumplir requerimientos judiciales.
Pese a los esfuerzos, “no hay avances sustantivos de quién sería investigado o involucrado”.
Por los señalamientos en redes sociales –lo que generó pronunciamientos de la CNDH y de la ONU-DH para respaldarla–, Quintana Osuna fue llamada a declarar como “testigo” en una carpeta de investigación abierta por la PGR en Reynosa ante una supuesta fuga de información, lo que para la autoridad sería la explicación de un enfrentamiento entre personal de la Sedena y el crimen organizado en una entidad donde las balaceras son parte de la vida cotidiana.
“Lo cierto es que es una práctica común que a los defensores les abren carpeta de investigación como un efecto amedrentador; al menos así lo han identificado los relatores sobre la situación de defensores de derechos humanos”, apunta.