Emite CNDH su segunda recomendación del año a gobernador de Chiapas
CNDH también le solicitó que se otorgue a familiares de las víctimas asistencia médica, psicológica, social y material mientras duren los tratamientos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su segunda recomendación del año al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por el caso de dos mujeres hondureñas que fueron privadas de la vida por disparos de armas de fuego cuando viajaban en el tren conocido como “La Bestia”.
Subrayó que de no aceptarse los puntos recomendatorios o no cumplirlos, la CNDH queda en libertad de hacer pública esa circunstancia y solicitar al Senado de la República o a la Comisión Permanente la comparecencia del gobernador para que explique el por qué no aceptó esta recomendación
El organismo nacional recomendó al gobernador, entre otras medidas, elaborar políticas públicas de protección en favor de personas migrantes; que las instancias de seguridad pública estatales protejan a los migrantes que transitan por su territorio y remitan a la Comisión Nacional constancias de cumplimiento.
También le solicitó que se otorgue a familiares de las víctimas asistencia médica, psicológica, social y material mientras duren los tratamientos.
Y es que expuso que antes de ser privadas de la vida, ambas mujeres declararon en calidad de testigos en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Ahí, señalaron a varios hombres tatuados como responsables de extorsión a migrantes para permitirles subir al tren y continuar su trayecto hacia los Estados Unidos sin que recibieran ayuda.
En ese sentido, la CNDH calificó de preocupante que la atención que se otorgó a las agraviadas, en su calidad de testigos y víctimas, fuera inaceptable, ya que el propio sistema al que pidieron justicia fue el que agravó su situación, al grado que al dejarlas sin protección al día siguiente perdieron la vida.
El gobierno del estado tendrá que ofrecer una disculpa institucional a familiares de las víctimas que implique el reconocimiento de violaciones a derechos humanos en que incurrió el personal de la procuraduría estatal.
