El PAN y el PRI cierran la Legislatura con dispendios

Tres semanas antes de la elección presidencial, PRI y PAN acordaron crear nuevas plazas en la Cámara de Diputados y hacer un pago extra de un mes a algunos empleados de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “derivado de las cargas de trabajo”.

Al tiempo que la Jucopo decidió rescindir anticipadamente el contrato a aproximadamente 200 asesores, autorizó un pago por única ocasión, de un mes completo y sin deducir impuestos, a 43 asesores de los órganos de gobierno.

Dos acuerdos del Comité de Administración de San Lázaro, cuya copia tiene este semanario, dan cuenta del “pago único” y de la autorización de cuatro plazas con nivel de “subdirector de área”. Se desconoce si existen otras plazas autorizadas para las 13 direcciones que tiene la Cámara de Diputados.

La justificación que se dio a esos pagos adicionales fue el arduo trabajo que realizaron los integrantes de la Mesa Directiva y la Jucopo en el último periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, dichos órganos de gobierno cuentan con 176 personas con plaza, plaza homologada o contratadas por honorarios, cuya labor consiste precisamente en realizar las labores por las que se les entrega la mencionada remuneración extra.

El presupuesto de la Cámara de Diputados para 2018 es de 8 mil 439.4 millones de pesos; de los cuales 5 mil 441 millones se destinan al rubro de servicios personales o salarios.

Todas las fracciones parlamentarias cuentan con asesores; algunos trabajan por honorarios y son recontratados al inicio de la nueva Legislatura, otros no y son reemplazados por personal que acompaña a los nuevos diputados federales.

Este año, por acuerdo de la Jucopo, que encabeza el diputado panista Marko Cortés, aproximadamente a 200 de los más de mil asesores que laboran en San Lázaro se les liquidó el 31 de mayo, lo cual generó protestas de los afectados, pues su contrato establece que el trabajo concluye el 31 de agosto, fecha en que culmina la 63 Legislatura federal.

El 17 de mayo los asesores se manifestaron en la cámara con pancartas en que se reclamaba al presidente de la Junta esa decisión. En una de ellas se leía: “Jucopo 3 meses te vas a ahorrar, pero ahora ¿quién va a trabajar?”

No les respondieron. Fueron liquidados y menos de un mes después el Comité de Administración decidió hacer el pago extraordinario para asesores de la Mesa Directiva y la Jucopo.

El acuerdo está fechado el 5 de junio de 2018 y únicamente lo firman la presidente del comité, la panista Marisol Vargas Bárcena, y la priista Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, cercana al primer coordinador de su partido, César Camacho Quiroz, quien dejó el cargo para competir por una senaduría y perdió.

El Comité de Administración es la instancia que, por órdenes de la Jucopo, proporciona a los comités o comisiones los recursos humanos, materiales y financieros para realizar sus labores. También vigila la entrega de las prerrogativas y subvenciones a los diputados, es decir, el dinero que se entrega a cada fracción parlamentaria de acuerdo con su número de curules.

En el documento mencionado se establece “por única vez un pago equivalente al importe neto de la percepción mensual bruta (es decir antes de impuestos) al personal que se enlista en los anexos del presente acuerdo, debiéndose cubrir en el mes de julio”.

Tiene dos anexos. El primero es una lista de 14 personas que laboran en la Mesa Directiva, de las cuales sólo tres son empleados de nómina según el sitio en internet de la Cámara: el coordinador de asesores, el secretario técnico y el coordinador administrativo, quienes en conjunto perciben 151 mil 457 pesos al mes.

Las otras 11 personas que aparecen en el anexo 1 del acuerdo no figuran en la página como empleados homologados, en nómina ni por honorarios. Se desconoce cuánto se les pagó.

El considerando V del acuerdo justifica la remuneración por “las cargas de trabajo en la Mesa Directiva relacionadas con la instalación y cierre del tercer periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura”. Pero también se les paga un mes de salario extra por “los trabajos de apoyo para la integración y operación de la Comisión Permanente”.

Hay que recordar que el tercer periodo de sesiones se inició el 1 de febrero y concluyó el 30 de abril, mientras que los trabajos de la Comisión Permanente se realizan actualmente en el Senado y no en la Cámara de Diputados; se labora desde el primer miércoles de mayo hasta el último miércoles de agosto.

En el mismo acuerdo se alega que el pago también se realiza “considerando la alta especialización del personal que se requiere en esas actividades” y que “se considera conveniente compensar por única ocasión con un pago equivalente al importe neto de la percepción mensual bruta”.

La Mesa Directiva cuenta con 56 plazas, entre las que destacan el coordinador de asesores, el secretario técnico y el coordinador administrativo, además de asesores A, asesores especializados B, C, asistentes y secretarias. En conjunto generan un gasto anual de 47.8 millones de pesos.

El motivo que el comité invoca para justificar el pago adicional es justamente el trabajo por el cual se le paga mensualmente a los empleados de nómina y homologados.

Lo mismo ocurrió en la Jucopo. En el considerando VI del acuerdo se reproduce el argumento de la “carga de trabajo” por la instalación del tercer periodo ordinario de sesiones (febrero-abril) y los trabajos de la Comisión Permanente; en este caso el anexo 2 incluye 29 nombres.

Sólo uno de éstos figura en la nómina de la cámara y otro, aunque no aparece en esa lista, es el conocido panista y exsubsecretario de Gobernación Marco Humberto Aguilar Coronado.