‘El hostigamiento al INE cruzó fronteras’

Lorenzo Córdova Vianello,consejero presidente del INE.

Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y roces, dice su actual presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Advierte luego una condición diferente en los últimos tres años y ésta es que, desde el poder y el partido gobernante, se descalifica al organismo, se alienta su exterminio y se denuncia penalmente a seis de sus consejeros por una decisión colegiada.

Las descalificaciones presidenciales se iniciaron desde diciembre de 2018 por el aspecto presupuestal y los emolumentos de los consejeros, y se radicalizaron en 2021 cuando el INE resolvió retirar el registro de decenas de candidatos morenistas por incumplir normas de fiscalización, destacadamente la defenestración de los abanderados a gobernar Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón.

Pero fue el 22 de diciembre último cuando personal de la Cámara de Diputados, cuya Mesa Directiva preside Morena vía Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal contra seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del organismo.

El motivo de esa acción legal, además de una queja ante el Órgano Interno de Control del INE y de la promoción de una controversia constitucional, atendió a la resolución de postergar la consulta para la revocación de mandato, alegando falta de recursos, lo que, a decir del titular del Poder Legislativo, encuadra en el delito de coalición de servidores públicos, ya que se incumple con la ley.

Córdova niega que haya una escalada en las diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en lo que va de su mandato, ha descalificado en numerosas ocasiones al INE, aunque en este caso el mandatario federal mismo rechazó el proceder de Gutiérrez Luna.

En entrevista con Proceso, Córdova Vianello repasa las presiones sobre el órgano electoral en sus 31 años de existencia, niega una confrontación con el Poder Ejecutivo e identifica una serie de cambios respecto del pasado.

DENUNCIA AUTORITARISMO

Entre las diferencias de este gobierno con otros sexenios destaca que el INE ha respondido aclarando y desmintiendo sin confrontar ni descalificar al presidente de la República; segundo, las críticas al INE provienen del poder y del partido gobernante, cuando siempre procedían de la oposición; tercero, el uso de expresiones de Mario Delgado, presidente de Morena, así como de otros actores cercanos a López Obrador, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, sobre exterminar o dar muerte al órgano electoral, y, finalmente, la denuncia penal que criminaliza a seis integrantes del INE.

“Hoy, el titular de un poder (Gutiérrez Luna) cruzó esa frontera en lo que claramente es una política, déjame decirlo así, de hostigamiento al Instituto. Jamás se había cruzado, en los 31 años de la existencia de la autoridad electoral, esa frontera que debería de ser infranqueable en una democracia constitucional, porque es la que sostiene el arreglo democrático y divide a las democracias constitucionales de los autoritarismos”.

Córdova insiste en que el INE siempre está bajo presión de gobiernos, partidos, de los sujetos regulados y, entre estos, los medios de comunicación sujetos a la jurisdicción del INE por las decisiones que les afectan.

“Llama la atención la recurrencia de las descalificaciones que se traducen en presiones públicas que, en tiempos recientes, hemos llegado a un inédito y condenable uso del brazo penal del Estado para tratar, ni siquiera, de limar diferencias. Las diferencias que se pueden arreglar pasan por el Tribunal Electoral; cuando se recurre al brazo penal no hay una diferencia que limar, sino que se está buscando que un denunciado termine en la cárcel, eso es lo grave de esta circunstancia.”

–¿Se siente acosado?

–¿Acosado?, pues no. Esto es parte de la tarea del árbitro. Pero sí llama la atención que hoy se están utilizando tipos de presiones que rayan en un uso arbitrario y, me atrevo a decir, usos autoritarios del poder.

–¿De quién?

–Por lo menos, actitudes autoritarias de alguien que ostenta la titularidad de uno de los poderes del Estado.

Declaraciones al margen, el asunto penal seguirá vivo hasta que la Fiscalía decida el no ejercicio de la acción penal y cierre el caso contra Córdova y los consejeros electorales Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Zavala Pérez, así como del secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Es tan absurdo este delito que es como decir que cada votación que hay en la Cámara de Diputados, donde una mayoría aprueba o refuta una ley, un decreto, se le llamaría coalición de funcionarios públicos porque se pusieron de acuerdo para votar en un determinado sentido. Esto cuando las decisiones del consejo son públicas y se toman, por supuesto, democráticamente.”

Criminalizar al árbitro

- Tras la presentación de la acusación, Gutiérrez Luna anunció que no ratificaría la acción legal ante el Ministerio Público. Sin embargo, el asunto sigue vivo en varias carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción

- Las declaraciones para no continuar por la vía penal ocurrieron después de que actores políticos nacionales, organismos internacionales, exministros de la Corte, intelectuales e inclusive el presidente López Obrador rechazaron el proceder de Gutiérrez Luna

- En esta entrevista, Córdova se refiere al asunto: “La posición (de Gutiérrez Luna) parte de las críticas que se le hicieron y de la presión pública que lo obligó a retractarse. Paradójicamente, después de presentar una denuncia, a unos pocos días, según sus dichos, se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para que no se ejerza la acción penal que él mismo detonó

- “No sólo pienso que era innecesario, sino también que demuestra una actitud que, sin duda, a todos nos debe llamar la atención, no sólo preocuparnos, de alguien que ostenta la titularidad de uno de los poderes, uno de los tres grandes Poderes de la Unión”.

A esto me refiero cuando digo que se cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. La verdad, el tipo de delito del que se nos acusa es, por decir lo menos, ridículo: coalición de servidores públicos. Es decir, dicen que nos pusimos de acuerdo para tomar una decisión que atenta contra la Constitución. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE 

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