El chivo expiatorio de Lozoya

Ciudad de México.

La empresaria Fabiola Tapia Vargas, fallecida en octubre de 2014 por insuficiencia renal, isquemia cardiaca y diabetes mellitus, pasó de ser la coartada del exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para tratar de acreditar su inocencia, a chivo expiatorio en la trama de sobornos y financiamiento ilícito que él denunció el martes 11 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar de que fue informado por la fiscalía de las imputaciones contra su hermana desde septiembre de 2018, el actual director general y accionista mayoritario de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Juan Carlos Tapia Vargas, jamás denunció la presunta suplantación de identidad de Fabiola Tapia.

Por el contrario, el empresario que tejió una alianza comercial con Odebrecht para participar en licitaciones de Pemex para la adjudicación de obra pública, se limitó a decir que desconocía los movimientos de dinero y alianzas comerciales que su hermana Fabiola había realizado con el comerciante alemán Artur Gerhard Henze.

“En cuanto a la participación de mi hermana Fabiola Tapia Vargas, desconozco si realizó algún tipo de inversión o que fuera socia de alguna empresa en el extranjero. En nuestra empresa ella fungió como socia, administradora única y representante legal hasta poco antes de su muerte, en el mes de agosto de 2014, ya que falleció de enfermedad en octubre del mismo año”, explicó Juan Carlos Tapia en la declaración ministerial que rindió el 14 de septiembre de 2018 ante la FGR.

POSIBLE SUPLANTACIÓN

En un acercamiento para el reportaje El testigo hidalguense que busca ser invisible (Proceso 2283), el empresario habló de la posibilidad de que la identidad de su hermana haya sido suplantada, por lo que no descartó presentar una denuncia por estos hechos.

Sin embargo, la defensa del socio que Lozoya recomendó a la constructora Odebrecht, según las declaraciones del exdirector de la constructora brasileña en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, continúa sin actuar, mientras las nuevas declaraciones de Lozoya incriminan aún más a su hermana Fabiola Tapia en la trama de corrupción, sobornos y financiamiento ilícito del caso Odebrecht.

De acuerdo con la carpeta de investigación del caso Odebrecht, a la que este semanario tuvo acceso, pese a los intentos de Juan Carlos Tapia para no figurar en este escándalo, la FGR investiga sus cuentas bancarias y las de su empresa, así como sus bienes y hasta los registros judiciales en los que aparece como testigo o imputado.

En la versión del caso Odebrecht que dio a conocer luego de solicitar a la FGR la aplicación de un criterio de oportunidad a cambio de colaborar con la justicia, Lozoya aseguró que Fabiola Tapia fue una de las encargadas de entregar parte de los sobornos que el gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con legisladores de oposición para lograr la aprobación de la reforma energética en 2013.

El exdirector de Pemex afirmó en su nueva declaración ministerial –tras abandonar la defensa que le había construido el abogado Javier Coello Trejo– que su jefe de ayudantes, José Velazco Herrera, fallecido en diciembre 2013, también participó en este esquema de presunta corrupción para lograr el apoyo de senadores del PAN, del PRD y del PRI a la reforma energética de Peña Nieto.

Al comparecer ante la FGR, Juan Carlos Tapia Vargas afirmó que conoció a Emilio Lozoya en 2015 y que éste no lo recomendó con la empresa constructora de Norberto Odebrecht, sino que la relación entre ambas compañías se dio por correo electrónico.

SOLICITARON COTIZACIÓN

“Nos contactaron vía correo electrónico enviado por Helder Antonio Campomizzi a nuestra entonces directora comercial Carla Vilchis, solicitándole una cotización de los trabajos a ejecutar en virtud de que nos manifestaron que contaban con la adjudicación del contrato respectivo y ocupaban de la experiencia e infraestructura de una empresa de la región para la mejor ejecución del proyecto; además que se les requería que el 50%, necesita ser de contenido regional”, explicó Tapia Vargas.

El empresario negó que se hayan pagado sobreprecios por su intervención en la obra Tula 1, aunque reconoció que el costo de la misma pasó de 333 millones 479 mil pesos a 575 millones 598 mil pesos que le fueron pagados mediante una transferencia electrónica a una cuenta en el banco Santander.