Ejecutan en NL a policía que rastreaba a jefes criminales

Monterrey, N. L.

Un elemento de Fuerza Civil que rastreaba a un importante jefe criminal e intervino en detenciones de otros peligrosos delincuentes, fue ejecutado ayer a balazos al salir de su domicilio en el norte de la ciudad.

Autoridades identificaron a la víctima como José Guadalupe Pérez Muñoz, de 29 años, quien pertenecía a la Dirección General de Investigaciones de la corporación estatal.

Pérez Muñoz encabezaba las pesquisas de un líder del crimen organizado y “de alguna manera se filtró la información desde Nuevo León”, dijeron voceros policíacos.

El homicidio ocurrió a las 8:35 horas, en el exterior de su vivienda ubicada en las calles de Esquisto y Ágata, de la populosa colonia San Bernabé, cuarto sector.

Según agentes ministeriales, Pérez Muñoz salía de allí, cuando se le acercaron un sicario en una motocicleta y otro a pie, para acribillarlo con armas largas.

Así lo revelaron vecinos de la citada colonia del norte de Monterrey, que aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones de armas de fuego.

Precisaron que los ejecutores huyeron, mientras que los colonos encontraron sin vida al oficial, junto a la puerta de la casa.

La alerta del caso movilizó rápidamente a sus compañeros de corporación, asignados en la Estación Norte de San Bernabé.

También, a paramédicos de instituciones de auxilio.

Al momento del ataque, la esposa e hijos menores del agredido no se encontraban en el domicilio.

Pero una vez que la mujer fue notificada de lo sucedido llegó con otros familiares, afectada por una crisis de histeria.

Las autoridades confirmaron que el ahora occiso había intervenido, en fecha reciente, en la detención de un cabecilla criminal, en una persecución en Escobedo.

Además, colaboró en otros importantes arrestos de peligrosos integrantes de la delincuencia.

Trascendió que dejó en la orfandad a tres niñas de 4, 7 y 11 años, aunque tenía derecho a seguro de vida y otras prestaciones en la corporación, donde trabajó tres años.

Peritos de la Procuraduría hallaron en la escena del crimen, 18 casquillos de arma larga.

ALERTA FALLIDA 

El pasado miércoles, el secretario de Seguridad del Estado, general, Arturo González, atribuyó a dichas detenciones, las ejecuciones de un par de celadores del Penal Topo Chico, a bordo de diferentes camiones urbanos.

Agregó que estaba en riesgo la seguridad personal de los elementos de corporaciones estatales, aunque no habló de medidas de protección.

INVESTIGACIONES

El vocero de Seguridad, Aldo Fasci informó ayer en rueda de prensa, que hay dos líneas de investigación sobre el asesinato del policía.

Especificó que la primera línea se entrelaza con las muertes de los celadores y la detección, por parte de la Policía Estatal, de una red de tráfico de drogas al interior de los penales.  

Señaló que la segunda pesquisa, de mayor relevancia, está vinculada con una investigación que realizaba el oficial sobre un importante líder de la delincuencia.

Refirió que el policía supuestamente estaba a cargo de las indagatorias, pero estas fueron filtradas a nivel local.

Fasci se abstuvo de dar a conocer el nombre del criminal buscado.

Voceros policíacos aseveraron que se vincula el caso con el asesinato de dos policías de San Pedro, el pasado 19 de mayo.

Inicialmente, Fuerza Civil detuvo a Edson Armando Lumbreras, un informante o halcón que vigiló los movimientos de los cuerpos policíacos, la noche de la doble ejecución.

Posteriormente, la Policía Federal y el Ejército Mexicano detuvieron en la colonia Residencial Canteras, de San Pedro, al aparente mando criminal, Luis Lauro Ramírez Bautista, alias “El Mora”.

Mediante un comunicado, la Policía Federal implicó a Ramírez Bautista en la muerte de los policías sampetrinos, y también en la ejecución del abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, en Southlake, suburbio de Dallas, Texas.  

El vocero Fasci argumentó que ahora sí aplicarán un protocolo especial de seguridad para custodios de penales e integrantes de cuerpos policíacos.

Advirtió que el Gobierno estatal no va permitir que las instituciones se dobleguen.

Comentó que todas las muertes violentas preocupan a las autoridades.

Aclaró que si se trata de personal de seguridad, está en riesgo la comunidad en general.

Una racha de homicidios contra servidores públicos estatales no se había presentado en Nuevo León, desde el período 2009-2011, de mayor violencia.   

En lo que va de junio han sido contabilizadas aquí al menos 22 ejecuciones.