Demanda la industria freno a la inseguridad

gilberto.banda@elmanana.com

Sin duda alguna, hoy ya es mandatorio que nuestros actuales gobernantes y los que están por tomar posesión que al menos detengan y luego reduzcan hasta erradicar la inseguridad –incluido el crimen-, la corrupción e impunidad que vive nuestro país ya que, estos males siguen siendo un gran obstáculo para los negocios, para la atracción y retención de inversiones.

Federico Alanís Peña, dirigente de los industriales locales y consejero nacional de la Canacintra señala que mientras esos ilícitos persistan en la forma creciente actual, los resultados de la actividad industrial y económica de México se clasificarán como “pobres o vegetativos”, con el consecuente daño a los ciudadanía. 

La inseguridad combinada con la corrupción e impunidad sigue avanzando y dan señales de riesgo en diluir el entusiasmo logrado con las reformas estructurales hasta hoy aprobadas. Por todo esto, la industria empresarial reclama atención prioritaria – por no decir mandatoria -, a estos rubros por parte de nuestras autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, dijo.

Y dentro de varias medidas y acciones a ejecutar para reducir estos ilícitos, está el reajustar y atender el sistema educativo para que de esta manera, se busque la forma de inhibir el que la juventud estudiosa de nuestro país se incorpore a la delincuencia.

También, se requiere que el Estado y sus instituciones implementen un marco jurídico eficiente y sencillo para establecer un estado de derecho y corregir las actuales señales de debilidad institucional que prevalecen a la fecha en materia de seguridad, corrupción e impunidad y redoblen esfuerzos y acciones para garantizar - a corto plazo-, la seguridad a las inversiones, sus empresarios y su población.

De tal manera que, los gobierno federal, estatales y Municipales mediante el ejercicio inteligente del total de los recursos económicos asignados a la compra de equipos, capacitación y certificación para la seguridad y la mejora de los grados de confianza de su personal, detengan y reduzcan la inseguridad, la desaparición forzada de personas por “levantamientos”, la extorsión a empresarios, la impunidad, la corrupción e infiltración delictiva en nuestras instituciones que al día de hoy prevalece en nuestro país.

Estos ilícitos están cada día impregnándose o replicándose más y más en gran parte de nuestra República y bastará dar un ejemplo de esta situación será lo que sucede en el Estado de México, donde en 2012 el Sistema Nacional de Seguridad pública registraba que se posicionaba en el lugar número 20 respecto a secuestros y desaparición de personas denunciados a nivel nacional y desgraciadamente el aumento de estos ilícitos lo colocan ahora en el 2017-, dentro de los primeros 10 en este rubro.

Avalando estas cifras la Asociación Alto al Secuestro, ha reportado que el 25 por ciento de secuestros a nivel nacional se registran en el estado de México.

Así también, el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas (Rneped), dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México junto con Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua conforman un poco más del 60 por ciento de los casos de más de 27 mil personas desaparecidas.

Una extensión sobre este tema muestra que, anualmente se registran más de 12 mil asaltos con violencia a camiones con mercancías en todo el país (solo un poco más de 3 mil 500 con averiguaciones previas) y que – además de la rudeza utilizada para ello-, junto con la extorsión o “mordidas” a las propias autoridades causan la elevación de los costos de operación y con ello, disminuyen la competitividad de las empresas.

Finalmente todos estos gastos repercuten de alguna manera más temprano que tarde en el consumidor final de los productos que adquieren sin lugar a dudas; es decir, estos ilícitos- inseguridad, corrupción e impunidad-, afectan a los bolsillos de los mexicanos.