Cunde repudio general a la ‘Ley Bonilla’ en BC

Ensenada, B.C.

La noche del lunes 8, a puerta cerrada, resguardados por elementos de seguridad y con cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador electo.

En esa sesión, después de aprobar por unanimidad la reforma, Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado, permanecerá en el cargo hasta 2026 y será quien audite los tres últimos años de gobierno del panista.

Como parte de la negociación se incluye el “manto de impunidad” para el gobernador Vega de Lamadrid y funcionarios de primer nivel, además de otros cargos públicos, aparte de la Auditoría Superior del Estado, entregada al PAN, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al PRI, dice Víctor Alejandro Espinoza, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. 

Un tema tan delicado como el periodo de la nueva gubernatura se consulta con la dirigencia del PAN, dice el sociólogo y analista político, quien considera que “ante el aluvión de críticas locales y nacionales” tanto el gobernador como las dirigencias “se lavan las manos”, pidiendo que se queme en leña verde a unos diputados que no se atreven a dar la cara y a decir lo que pasó.

El diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de presidente del Congreso del Estado convocó a esta sesión extraordinaria nocturna, es el mismo legislador que el pasado 31 de mayo denunció en conferencia de prensa que funcionarios federales cercanos a Bonilla lo presionaban e intentaron sobornarlo con 1 millón de dólares, justo para que convocara a una sesión con estas características a fin de reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado, aprobado en decreto 112 con fecha 11 de septiembre de 2014, el cual establecía hasta el pasado lunes 8 que el periodo de la próxima gubernatura, por única ocasión, sería de dos años.

“El Congreso del Estado quedó bajo sospecha”, dijo el senador panista Ernesto Ruffo Appel y conminó a los diputados de su partido a aclarar su situación, “para que no carguen con la sombra de la duda toda la vida”.

Sin argumentos ni debates, silenciosos y con rostros desencajados –como se aprecia en los videos del Congreso–, los diputados del PAN, PRI, Morena, PRD, PT, Transformemos y MC, caminaron la noche del lunes 8, uno a uno, hacia la urna a depositar su voto en pro de la reforma constitucional que favorece al morenista.

La mayoría de los diputados, aseguraron algunos de ellos, fueron convocados a la sesión extraordinaria sin ser informados del orden del día. Creían, incluso, que se preparaba un albazo para designar a quien será el fiscal estatal en la próxima administración: el abogado Juan Guillermo El Titi Ruiz Hernández, toda vez que la procuradora Perla del Socorro Ibarra anunció su decisión de renunciar esta semana.

Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hizo el llamado a los bajacalifornianos y a todos los mexicanos a defender el orden republicano y la democracia, protestando contra el intento de Bonilla de prolongar el periodo de su gobierno, aseguró que en Baja California se había dado un “albazo legislativo” en el momento en que 21 diputados locales, “muy probablemente debidamente aceitados”, votaron la prolongación de dos a cinco años del periodo del nuevo mandatario.

“Si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra”, agregó Cárdenas, “pediría al senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla que declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido. Ni un día más”.

Una propuesta indecorosa

>Gómez Macías, presidente del Congreso del estado, el pasado 31 de mayo acusó a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación y extitular de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, y también a Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, de extorsión e intento de soborno al ofrecerle 1 millón de dólares para que convocara a una sesión extraordinaria y convenciera a un grupo de legisladores de abrogar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 constitucional que ordenaba, por única ocasión, que la gubernatura sería de dos años.

> “Los responsabilizo de cualquier circunstancia que me pueda suceder a mí o a mi familia”, advirtió en esa ocasión.

> Ahora el diputado priista votó a favor de la reforma bonillista junto con los otros cuatro legisladores de la bancada del PRI.