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Cuando los talamontes sicarios obligan al exilio

Desde 2017 los cárteles de Juárez y Sinaloa incursionaron en ese ‘negocio’ que ha devastado varios predios particulares y ejidos completos

El olor a quemado invadió la Sierra Tarahumara, en el norte de México. La densa neblina causada por el humo de los incendios serpentea sobre los ríos de la región. En los cerros y barrancas se propagan hileras de fuego al pie de pinos y encinos ya chamuscados. En la carretera rumbo a Bocoyna la humareda llegó a obstruir por completo la visibilidad hasta alcanzar a las comunidades que han tenido que aprender a combatir los incendios.

Humo en la Sierra Tarahumara.Cuando los talamontes sicarios obligan al exilio

Las comunidades del territorio en la Sierra Tarahumara se concentran en luchar contra la incursión de los cárteles. En cada municipio de la región los grupos delictivos operan de manera distinta, pero la consecuencia es la misma: el despojo para controlar la tierra.

La situación ha generado alrededor de 30 homicidios de líderes indígenas en los últimos 20 años y cientos de familias desplazadas de manera forzada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) registra que desde 2014 a la fecha más de 420 personas en la Sierra Tarahumara han sido desplazadas de manera forzada, pero el dato es una aproximación.

Por lo menos desde 2011 han ocurrido desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara, sin que hayan quedado registrados en las oficinas gubernamentales. En abril de ese año un grupo de encapuchados armados llegó en camionetas para disparar hacia las casas, tiendas e iglesias del poblado de Jicamórachi, en el municipio de Uruachi, que colinda con Sonora.

En ese entonces los enfrentamientos eran entre los grupos de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, contra el Cártel de Sinaloa. Este último grupo acababa de ingresar a esa región para pelear la zona. Familias completas, incluyendo ancianos y niños, durmieron en el monte durante 10 días hasta que llegaron militares a instalarse en la escuela del pueblo para contener las agresiones. De 122 familias que habitaban Jicamórachi en aquel momento sólo se quedaron 40. El resto huyó a Sonora u otras ciudades de Chihuahua. Desde aquel día el pueblo no tiene médico.

La directora de la CEAVE, Irma Villanueva Nájera, explica que, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.

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