Corte designa consejero de la Judicatura Federal

Por voto unánime decide el pleno tras comparecer los cuatro aspirantes

Tras comparecer junto con los otros cuatro aspirantes y por voto unánime, es decir mayoría calificada, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, tomó protesta a Molina Martínez en su nueva responsabilidad.

Molina Martínez, quien es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Penal y el único de los aspirantes que ha ocupado un cargo en el Consejo, aseveró que en todos los Estados democráticos y de derecho, como México, la justicia debe alzarse como su pilar fundamental.

Dijo que se debe garantizar sin duda el correcto ejercicio de las libertades públicas ganadas en forma histórica.

Reconoció que en la percepción social y política de la sociedad mexicana no se advierte confianza en sus jueces y que en la última encuesta del Inegi ésta varió solo 55 por ciento, mientras la percepción de la corrupción ronda en 68.4.

Es decir, agregó, en un penúltimo lugar en la escala de confianza, únicamente superado por la policía de tránsito.

Frente a ese escenario, subrayó, el CJF debe acercar a la sociedad su valor y compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos y a la vez mantener su política de transformación de esas garantías orgánicas que otorguen fortaleza al factor humano.

Se pronunció porque desde esa instancia se establezca una programación de acciones de un verdadero gobierno judicial que contribuya a realizar diagnósticos exactos, proyectar acciones y entregar resultados a una sociedad deseosa de un servicio público de impartición de justicia honesto, transparente y de calidad.

Presentó un plan para fortalecer la confianza ciudadana través de seis ejes: administración honesta y racional de recursos y contrataciones públicas, fortalecimiento y eficacia de los mecanismos de evaluación y vigilancia, prevención en el combate a la corrupción y acciones en materia disciplinaria, incluida la sanción por acoso laboral y sexual.

También citó la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, vigencia e instrumentación de tecnologías de la información y el fortalecimiento de acciones transversales que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.