Condado El Paso interpone demanda contra la ley SB4. Argumentan que fomenta la discriminación
Mayo 24, 2017 -
Entrará en vigor el próximo 1 de septiembre
El Paso, Tx.- El Condado El Paso, su sheriff Richard Wiles y la organización “Proyecto de Derechos Civiles de Texas” (TCRP), interpusieron una demanda contra la ley antiinmigrante SB4 de Texas, argumentando que el estatuto fomenta la discriminación racial y es inconstitucional.
La demanda fue presentada este lunes ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, y es la segunda que se interpone ante esa instancia desde que el gobernador, Greg Abbott, promulgó el estatuto el pasado 7 de mayo.
La pequeña comunidad de El Cenizo, en la frontera de Texas con México y la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick, fueron los primeros en presentar una demanda, dos días después de que la ley fuera promulgada.
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Otras jurisdicciones, como la ciudad de Austin, el Condado de Travis y el condado de Dallas han aprobado resoluciones en las que se comprometen también a interponer recursos contra la SB4.
La ley SB4, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, contempla que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La legislación también castiga a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.
En la demanda, el Condado El Paso, el sheriff Wiles y el TCRP, piden a la Corte Federal declarar a la SB4 anticonstitucional, al sostener que es una ley discriminatoria y viola las protecciones contra la búsqueda y la incautación ilegales.
La demanda fue presentada contra el estado de Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw.