CNDH emite recomendaciones por la masacre de 49 personas en Cadereyta
TRAMO DEL TERROR. Los torsos de las 49 víctimas fueron colocados en el 2012, en el entronque a la comunidad San Juan, de Cadereyta, Nuevo León.
Monterrey, N. L.
Hasta ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la masacre de 49 personas en Cadereyta, registrada en mayo de 2012, según la cual consideró deficientes las investigaciones de autoridades de Nuevo León y solicitó que la PGR atraiga el caso.
Asimismo, la CNDH señaló en su expediente 8VG/2017, que hubo una violación grave a los derechos humanos en la indagatoria, relativa a las víctimas, en su mayoría migrantes de Centroamérica, encontrados mutilados en un tramo de la Carretera Monterrey-Reynosa.
Los hechos, atribuidos a un grupo criminal, fueron reportados el 13 de mayo de 2012, en el entronque a la comunidad San Juan, de Cadereyta.
En la recomendación difundida ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió que el actual gobernador de Nuevo León ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas, aunque la brutal matanza ocurrió en la pasada administración estatal.
Además, pidió que el Gobierno de Tamaulipas colabore en la denuncia, que presentará ante la Procuraduría local y su Coordinación de Asuntos Internos.
La Comisión especificó que los agentes del Ministerio Público locales y de la Federación no llevaron a cabo diligencias, para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de la masacre.
También, la CNDH destacó que las citadas autoridades no realizaron acciones encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas, que el caso requería.
Consideró que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas.
Especificó que la Procuraduría de Nuevo León no resguardó el lugar del hallazgo y practicó de manera deficiente las autopsias realizadas a los cadáveres.
Aseguró que por ello se retrasó la identificación de dos personas nicaragüenses, y el reconocimiento de familiares de fallecidos como víctimas indirectas, lo cual se realizó cuatro años después de la masacre.
OMISIONES
La Comisión Nacional recordó que en 2009 y 2011 denunció la vulnerabilidad de la población migrante que recorre la carretera libre Monterrey-Reynosa, donde fueron localizados torsos y otras partes humanas de 49 migrantes.
Añadió que también se acreditó, que las autoridades de Nuevo León difundieron públicamente información carente de veracidad, que afectó el honor y la reputación de los familiares de víctimas directas.
Debido a lo sucedido, emplazó a la PGR a inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a parientes de los fallecidos, que no hayan podido concluir los trámites de identificación, a efecto de que se les garantice la participación activa en las pesquisas.
