Caso San Fernando: destapan anomalías

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Tamaulipas violaron derechos durante la investigación de la masacre de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, pues incumplieron con los ordenamientos legales en los procedimientos de indagatoria y de procuración de justicia, razón por la que los hechos siguen impunes.

El organismo emitió la Recomendación 80/2013 contra la PGR y el gobierno de Tamaulipas, en la que solicitó impedir que estas fallas y omisiones se repitan, y que se indague la actuación de al menos 10 servidores públicos federales y locales que participaron en las indagatorias, aunque no establece el nivel ni su nombre.

A más de tres años de ocurrida la ejecución colectiva, destacó la CNDH, la PGR continúa con la identificación de los cuerpos, "por lo que incumplió con su deber de hacer justicia pronta y expedita".

La PGR identifica a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, "La Ardilla", presunto líder de una célula criminal, y a Román Ricardo Palomo Rincones, "El Coyote", jefe de plaza, como presuntos responsables de orquestar la masacre.

A partir de sus investigaciones, el organismo detectó que no se preservaron las evidencias en el lugar de los hechos, que el levantamiento de los indicios se hizo de manera precipitada, sin metodología y de manera deficiente, y que las necropsias se hicieron dos días después de que se levantaron los cadáveres con dictámenes son incompletos.

Refirió que 12 cuerpos de migrantes fueron inhumados sin ser identificados, por lo que "sus familiares no podrán conocer lo sucedido a sus parientes".

Sobre los dos sobrevivientes, advirtió que no se les atendió en forma debida y se violó su derecho a la privacidad y protección de datos.

De acuerdo con el testimonio de dos sobrevivientes de la matanza, el 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, un grupo de 74 migrantes que viajaban a bordo de dos camiones rumbo a la frontera norte fueron secuestrados por un grupo armado en San Fernando.

Al día siguiente, fueron trasladados a otro rancho.

Ahí les preguntaron si querían trabajar para el grupo delictivo y debido a que se negaron, los formaron sobre la pared, los fusilaron y recibieron el tiro de gracia.

Recomiendan a Murillo y Egidio respetar protocolos

> Aunque no menciona si hay altos funcionarios responsables, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló -sin especificar nombres ni cargos-, a tres funcionarios de la procuraduría de Tamaulipas y a siete de la PGR que incurrieron en irregularidades.

>En ese entonces, Arturo Chávez Chávez estaba al frente de la PGR y Jaime Rodríguez Inurrigarro, era su homólogo en Tamaulipas.

>Ante estos hechos, la CNDH envió la Recomendación 80/2013 al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

>Al primero, le pidió que instruya a quien corresponda para que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito; que instruya a los agentes del Ministerio Público y peritos sobre la identificación, el manejo y la conservación de cadáveres, así como sobre el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos.

>Al gobernador de Tamaulipas, Torre Cantú, le solicitó que instruya a su personal para que, en todos aquellos casos de cuerpos que son enviados a la fosa común, se adopten los protocolos de identificación que garanticen a familiares el conocimiento del destino de sus parientes, que se capacite a sus agentes del MP y peritos, así como estrechar la vigilancia de zonas de alto riesgo para la comisión de secuestros a migrantes.

Exhiben fallas y caos tras matanza

>La CNDH encontró que la Procuraduría de Tamaulipas omitió impedir el acceso al lugar de los hechos a personas ajenas a las investigaciones, por lo que no se preservaron las evidencias.

>El levantamiento de los indicios se hizo de manera precipitada, sin metodología y de manera deficiente, lo que motivó la pérdida de varios de ellos, como la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de los proyectiles, revela el documento.

>Los peritos, añadió la CNDH, no asentaron lo observado en el lugar de los hechos de manera exacta y minuciosa respecto a la posición en la que encontraron los cadáveres, la edad aproximada, la media filiación, la estatura, la ropa que vestían, el calzado, la rigidez cadavérica, el grado de putrefacción y las lesiones que se podían advertir a simple vista, lo cual serviría para establecer las circunstancias en que fueron privados de la vida y que no se ha podido determinar por dichas deficiencias, derivando en impunidad.

>Indicó que en lugar de que la PGR hiciera la necropsia de inmediato, los cuerpos estuvieron dos días a la intemperie y apilados sin hacer los procedimientos para evitar el proceso de descomposición.