Cárceles de N.L. fuera de control. Exhiben frágil sistema penitenciario
Motines recientes destapan autogobiernos donde imperan grupos criminales
EMERGENCIA. El pasado 27 de marzo un amotinamiento en el penal de Cadereyta que se extendió durante dos días dejó un saldo de cuatro personas muertas y 29 lesionadas.
Melva Frutos
El deficiente sistema penitenciario de Nuevo León ha permitido durante años que los grupos delictivos se coronen como los reyes del control y la integridad de quienes habitan en los centros de reclusión.
Al ingresar al Centro de Reinserción Topo Chico, las personas son advertidas del costo: o pagan en efectivo o con su vida.
La entidad tiene tres penitenciarías: el Centro de Reinserción Topo Chico, localizado en la ciudad de Monterrey, y dos ubicados en municipios periféricos: el Centro de Reinserción Apodaca y el de Cadereyta.
La vulnerabilidad provocada por la precaria supervisión de los penales, la baja inversión en su operación y la sobrepoblación han dado la oportunidad a las mafias de manejar a su antojo cada espacio y elemento, principalmente de los penales de Topo Chico y Apodaca.
El testimonio de una madre que pide el anonimato, por seguridad, describe cómo desde que su hijo entró a Topo Chico, líderes del grupo de “Los Zetas” le pusieron una cuota semanal para poder respetar su vida.
El pasado 27 de marzo un amotinamiento en el penal de Cadereyta —que se extendió durante dos días— dejó un saldo de cuatro personas muertas y 29 lesionadas. Quemando colchones que provocaron que diversas zonas del penal se incendiaran, los internos exigían a las autoridades mayor cantidad de comida y que se retire la revisión con rayos X a los familiares que los visitan.
El 15 de marzo circuló un video en las redes sociales, en el que se apreciaba a un grupo de internos siendo abusado por otro en un reclusorio del estado.
Los hombres sometidos eran obligados a limpiar el piso con trapos, vistiendo una diminuta lencería de mujer, a la vez que eran insultados y empujados por el grupo dominante.
Luego se informó que el hecho sucedió en el penal de Apodaca, cuando integrantes de “Los Zetas” agredían a uno de sus rivales del “Cártel del Noreste” (CDN), Daniel Valencia Treviño, “El Muletas”, quien fue detenido el 24 de febrero.
APOYO. Fuerzas de seguridad penetran en el reclusorio de Cadereyta, Nuevo León, para tratar de asumir el control luego de los disturbios.
CRUENTAS BATALLAS
Los centros penitenciarios de Nuevo León han sido escenario de cruentas batallas entre “Los Zetas” y otros grupos criminales, incluso de miembros del mismo grupo delictivo, quienes pelean el control del dinero obtenido por extorsiones, venta de droga y de beneficios.
En una riña suscitada entre integrantes de “Los Zetas” y bandas rivales en febrero de 2012, en el penal de Apodaca resultaron 44 internos muertos y 30 más se fugaron.
En el penal de Topo Chico se encendió la alarma en septiembre de 2015, cuando se registró una disputa en la que se reportó la muerte del líder zeta Mario Alberto Roldán Zúñiga, “El Fresa”, y 11 internos resultaron heridos.
La violencia regresó al mismo penal el 11 de febrero de 2016, cuando en un enfrentamiento entre bandas rivales de “Los Zetas” resultaron 49 internos muertos y 12 lesionados.
El 2 de junio de ese mismo año, la disputa por el control del penal llevó a integrantes del CDN a asesinar al líder zeta Javier Orlando Galindo Puente, “El Maruchan”.
Las autoridades informaron que los miembros del CDN le quitaron la vida a “El Maruchan”, buscando dejar como líder del penal a Fernando Aguilera Hernández, “El Pelón Fantasy”.
En el enfrentamiento hubo dos muertos más y 14 heridos. En otro enfrentamiento, en octubre, se reportó un muerto y ocho lesionados.
CONTROL ABSOLUTO
Fuentes cercanas a la operatividad de los centros de reclusión estiman que alrededor de 20% de los internos forma parte de un grupo del crimen organizado.
Aseguraron que aunque los grupos de la delincuencia se han ido diversificando, son “Los Zetas” y el CDN los que tienen el control.
En una recomendación emitida el 29 de noviembre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, se declara que en Topo Chico predominan deficiencias, “entre las que destacan el autogobierno, privilegios, objetos y sustancias prohibidas, situaciones relacionadas con el insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia, el hacinamiento, la sobrepoblación, la deficiente o nula clasificación de los internos y las condiciones inadecuadas para los hijos de las internas, la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos”.
El documento detalla que dichos factores han propiciado ambientes de violencia que afectan las condiciones que permiten garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva.
PENAL DEL TOPO
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en febrero de 2016 el penal de Topo Chico, cuya capacidad es 3 mil 635 personas, contaba con 3 mil 984 internos, entre ellos, 480 mujeres. En esa ocasión había en servicio 49 elementos de seguridad para todo el centro y sólo tres directamente en la zona de conflicto.
En marzo de ese año la plantilla de custodios aumentó a 310 distribuidos en tres turnos, conformado de la siguiente manera: tres oficiales, 11 suboficiales, 11 policías custodios primero, 17 policías custodios segundo, 22 policías custodios tercero y 246 policías custodios.
El organismo describió que en esa fecha los servidores públicos en la institución eran los siguientes: un alcaide, un subdirector jurídico, dos subinspectores, un representante de la Subdirección de Reinserción Social, un coordinador administrativo, 46 abogados, nueve analistas, tres asistentes, 22 auxiliares, ocho capturistas, cuatro choferes, un consejero de la Sala Superior, ocho criminólogos, un dentista, cinco encargados, 22 enfermeros, 16 jefes de departamento, 12 médicos, tres sicólogos, dos siquiatras, un recepcionista, 17 secretarias, tres supervisores técnicos operativos, un técnico radiólogo y cinco trabajadoras sociales.
“Tomando en cuenta el promedio de internos de la población total del centro, entre uno y otro evento, Topo Chico debía contar con 759 elementos aproximadamente, lo que evidentemente no sucedió, afectándose el adecuado (funcionamiento)”, señaló el reporte.
La CNDH registró que en abril de ese año la población interna disminuyó a 3 mil 625: 3 mil 197 hombres y 428 mujeres.
LOS TRASLADOS
El 3 de junio de 2016, indicó el organismo, seis internos fueron llevados al Cefereso de Almoloya de Juárez, Estado de México; 15, al de Hermosillo, Sonora; 15, al de Ocampo, Guanajuato, y 13, al de Miahuatlán, Oaxaca, por lo que la población en Topo Chico bajó a 3 mil 610 reos.
