Blindaje débil para el euro

El marco, el franco o la peseta dejaron de ser hace dos décadas las monedas oficiales de sus países. 11 Estados decidían el 1 de enero de 1999 embarcarse en el proyecto del euro. Ha sido un recorrido todavía breve, pero también suficiente para que se hayan encontrado al borde del precipicio. La Gran Recesión, que casi hizo estallar sus costuras, obligó a idear una arquitectura bancaria y fiscal para el euro. Pero una vez cerrada la crisis económica, los países dejaron el edificio sin apuntalar. Las diferencias entre los actuales 19 socios del euro mantienen ese edificio en obras. Y a pesar de haber dado un paso adelante con la decisión de diseñar un presupuesto conjunto, en la Cumbre del Euro han adoptado un paquete de medidas que sigue lejos de cerrar la estructura que necesita la moneda única.

Ya sea por la batalla de las ideas o de los intereses, como escribe el economista Jean Pisani-Ferry, la reforma del euro sigue avanzando con pies de barro. En junio de 2012, plena crisis de la deuda soberana, Europa decidió dar un salto adelante. El entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, presentó una ambiciosa hoja de ruta para integrar los sistemas financieros y fiscales nacionales que comprendía desde un fondo de garantía de depósitos o emisiones de deuda comunes hasta un presupuesto integrado basado en la “solidaridad”. Seis años después, algunas ideas han quedado aparcadas, como los eurobonos o la figura del ministro de Economía de la zona euro. Otras están atascadas, como el seguro comunitario para los ahorros de los ciudadanos. El eje francoalemán ha podido rescatar una mínima integración fiscal de los países de la moneda única, aunque los países del norte quieren despojarlo de cualquier función de ayuda anticíclica.

Los líderes europeos acordaron en la Cumbre del Euro de esta semana reforzar dos patas de la Unión Bancaria, la arquitectura financiera que debe servir para absorber futuros shocks y que, como señaló Van Rompuy en 2012, está llamada a ser el cascanueces que parta el nexo entre los balances bancarios y los bonos soberanos de su país. “Sin duda, la zona euro está mejor equipada que hace unos años, pero todavía espero ver más progresos”, sostiene el economista y director del think tank Bruegel Guntram Wolff. Sin embargo, echando la vista atrás, Wolff vaticina que “el progreso real probablemente solo se producirá en la próxima crisis”. “Esa es la forma de hacer de la zona euro, pero es una estrategia de alto riesgo”, advierte Paul De Grauwe, profesor de Política Económica Europea de la London School of Economics.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel firmaron en Meseberg una ambiciosa declaración que debía relanzar el proyecto de la integración económica y monetaria. A la hora de la verdad, Merkel ha vuelto a echar el freno —cuando no se ha bajado del vehículo— en varios de esos acuerdos. En la Cumbre del Euro de esta semana los países miembros decidieron reforzar los pilares de la supervisión y la resolución bancaria mediante la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). De este organismo, que va dando pasos para convertirse en una suerte de FMI comunitario, dependerá la red de seguridad (o backstop) para el fondo de resolución para bancos en crisis.

Este mecanismo de última instancia, dotado con 55.000 millones de euros, debe servir para cubrir las necesidades de solvencia y liquidez que tengan entidades al borde de la quiebra para evitar que se emplee dinero público. El documento deja flecos por cerrar, como algunas salvaguardas o la fecha de entrada en funcionamiento, que se fijará cuando se evalúen los riesgos del sistema financiero en 2020. “La resolución bancaria aún tiene un marco poco claro para proporcionar liquidez”, advierte Wolff.

La reforma del Mede incluye un acuerdo con la Comisión Europea para fijar los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones. Y a su caja de herramientas se han añadido las líneas de crédito precautorias (sujetas a condiciones que deberán ser “clarificadas”), que deben servir a países cuyos fundamentos son sólidos pero que en un momento determinado pueden ser víctimas de la inestabilidad de los mercados financieros o de un efecto contagio. El Eurogrupo introdujo también las cláusulas de acción colectiva (CAC), que consisten en que una mayoría de acreedores pueda imponer al resto reestructuraciones de deuda. Este mecanismo semiautomático, que entrará en vigor en 2022, provocó el rechazo de Italia, que teme que pueda espantar a los inversores que compran deuda del país.

En las conclusiones de la Cumbre del Euro, sin embargo, en esta ocasión no hay ni rastro del fondo de garantía de depósitos. Sí está en el documento final del Eurogrupo, que vuelve a aplazar su discusión seis meses y, en esta ocasión, pone el debate en manos de un grupo de alto nivel que deberá marcar los próximos pasos. “Está con respiración asistida”, ironizan fuentes comunitarias. “Es un elemento clave para una auténtica Unión Bancaria. No está ahí, y en una próxima crisis van a tener que volver a intervenir los gobiernos”, lamenta De Grauwe.

Aunque fuentes diplomáticas no niegan la complejidad de crear ese fondo, aseguran que el problema es “político”. “Técnicamente, todas las opciones están más que exploradas”, sostienen. En el último consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), la presidencia austriaca presentó un nuevo modelo, en esta ocasión “híbrido”. Este consistiría en que la banca aportara a los fondos nacionales la cantidad equivalente al 0,4% de los depósitos garantizados y otro 0,4% a un bote comunitario. Pero esa propuesta tampoco logró consenso.

Reticencias italianas

Alemania, según fuentes comunitarias,sigue resistiéndose a su creación por las reticencias italianas a limitar la deuda soberana en los balances bancarios. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, afirmó recientemente que ese instrumento “está al final del camino hacia una unión económica y monetaria”. “Y el camino hacia esa meta es largo y lleno de condiciones”, añadió. El gobierno de Angela Merkel sigue condicionando ese fondo a continuar reduciendo riesgos, a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) considera que el saneamiento de los bancos ya es suficiente para ponerlo en marcha y de que los ministros de Finanzas aceleraron la aprobación del llamado “paquete bancario” de reducción de riesgos bancarios. “Hemos reducido suficientemente el riesgo para que se ponga en marcha el fondo de garantía de depósitos. Ahora es el momento adecuado para configurarlo”, afirmó Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

La Comisión Europea también presiona para que salga adelante. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, dijo antes del Eurogrupo que sería “una decepción” si no había decisiones al respecto. Solo unos días antes, el ejecutivo comunitario había presentado un informe sobre la rebaja de activos dudosos en manos de la banca. En el conjunto de la Unión Europea, esas carteras tóxicas bajaron en un año del 4,6% al 3,4% de todos los créditos concedidos. España sigue estando algo por encima de esa media, pero con un 4,1% ya está prácticamente fuera del radar de los países problemáticos. Sobre todo en comparación con Grecia (44,9%), Chipre (28,1%), Portugal (11,7%), Italia (10%) o Irlanda (8,5%).

“Todavía no hemos logrado romper el nexo entre bancos y deuda soberana, es decir, la estrecha interconexión entre las entidades financieras y la deuda pública de su país”, sostiene Isabel Schnabel, profesora de Economía Financiera en la Universidad de Bonn y miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, conocido también como “los cinco sabios”. Schnabel se refiere a ese “círculo vicioso” que se proponía romper la Europa de 2012, que acaba afectando también al crédito a empresas y familias. Para acabar con él, Schnabel propone dos soluciones: limitar la concentración de deuda pública interna en los balances bancarios y un fondo de garantía de depósitos que actúe en caso de una crisis “grave”. “El fondo solo debe introducirse junto a nuevas reglas sobre exposiciones soberanas”, sostiene la economista.

La Unión Bancaria debe permitir, al fin, que un ciudadano español pueda realizar su actividad financiera con un banco danés sin problemas y con las mismas garantías. Y al revés. Y de que las fronteras vayan desdibujándose para que las entidades adquieran un carácter transfronterizo. “Los bancos deben poder operar en una zona euro concebida como jurisdicción única”, resume Nicolas Véron, economista de Bruegel y del Peterson Institute for International Economics. A su juicio, la reducción de riesgos no puede ser el argumento tras el que esconderse para afrontar una mayor integración. Y coincide con Schnabel en la receta: suprimir restricciones para que los bancos puedan operar en otros países, armonizar legislaciones, limitar las concentraciones de deuda de los balances y un fondo de garantía de depósitos. “No deben buscarse fórmulas híbridas. Tiene que ser un sistema de seguro que todos los ciudadanos puedan entender. Que sepan que su dinero está garantizado de la misma forma en un país u otro”, añade. “Las actividades bancarias transfronterizas han disminuido sustancialmente tras la crisis, lo que significa que nos hemos ido alejando de un mercado bancario integrado”, añade Schnabel.

La necesidad de un avance en la Unión Bancaria y de los mercados de capitales es unísona en las diecinueve capitales de la zona euro. Otra cosa son los tiempos, las sendas y los límites. Y algunos debates, como la mutualización de la deuda, parecen aparcados ya sine die.

La unanimidad, sin embargo, no existe en los mecanismos fiscales. Francia y Alemania relanzaron el mes pasado la propuesta de un presupuesto para los países de la moneda única, centrado en las inversiones, que permitiera la convergencia, competitividad y también estabilización económica. Por su parte, España presentó en la Cumbre del Euro de octubre un documento para un seguro comunitario de desempleo que cuenta con el apoyo de los titulares de Finanzas de Francia, Portugal y Alemania, aunque no de la canciller.