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Asesta Cofece revés a ‘cártel de fármacos’

Durante una década 21 directivos se coludieron para restringir el abasto y negociar entre ellos los precios de medicinas para inflar sus márgenes de ganancia

Inflaron los precios de medicamentos para aumentar sus ganancias.Asesta Cofece revés a ‘cártel de fármacos’

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Amañan compras de medicamentos

Durante tres años un equipo formado por una decena de funcionarios de la Cofece se dedicó a visitar empresas, analizar computadoras y entrevistar a ejecutivos de la cadena de distribución de medicamentos. Reunieron más de 50 correos electrónicos, facturas, minutas de reuniones o tablas con precios que sirvieron de evidencia para determinar que los agentes económicos habían elevado sus precios.

El organismo impuso multas por 903 millones 479 mil pesos e inhabilitó a 10 personas para ejercer en empresas del sector durante plazos que van de seis meses a cuatro años.

“Si hoy hicieran esto, el valor de las multas sería por lo menos el doble o el triple. La ley actual es más severa que la anterior en términos de multas”, comenta a Proceso Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Cofece.

La investigación concluyó que durante al menos una década, Casa Saba, Nadro, Marzam, Farmacias Nacionales (Fanasa) y Almacén de Drogas, que en conjunto controlan casi la totalidad de la distribución de medicinas al sector privado, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana, con la complicidad de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar).

Hasta el momento la Cofece no ha identificado públicamente a los 21 individuos sancionados; sin embargo, varios nombres aparecen en la lista de notificaciones de la Cofece en el marco de la investigación número IO-001-2016. Su presencia en esta lista indica que fueron sujetos de la investigación, pero no necesariamente implica que se les haya determinado una responsabilidad.

Entre ellos figuran Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro; Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul; Elías Salomón Nader, de Fanasa; Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas; Joseph Sitt Cherem, de Marzam; Tomás Ángel Rodríguez Weber, quien fuera presidente de la Diprofar, así como los hermanos Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.

En el marco de la investigación también fue notificado Héctor Valle Mesto, actual presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el poderoso grupo de cabildeo de la cúpula empresarial mexicana en temas de salud, entre cuyos “asociados activos” destacan los multimillonarios Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Olegario Vázquez Aldir, el mismo Escandón Cusi y su hija, Alejandra Escandón Matarazzo, y el empresario Claudio X. González Laporte.

La Cofece identificó cinco conductas ilegales que realizaron las empresas y sus directivos, por lo menos a partir de junio de 2006. Detectó que acordaron no surtir medicamentos durante los días de descanso, el Viernes Santo y el Día de Muertos para aumentar los precios; se repartieron las ventas de ciertos productos en determinadas farmacias; acordaron un incremento de 3.6% sobre diversos medicamentos; pactaron precios mínimos para algunos y diseñaron planes de precios “escalonados” para evitar las sospechas.

PRÁCTICA MONOPÓLICA

El fallo de la Cofece es producto de un expediente por “presunta práctica monopolística absoluta” iniciado el 19 de mayo de 2016, apenas un mes después que Proceso y Aristegui Noticias revelaran, en el marco de la investigación periodística internacional Panama Papers, cómo abogados sin escrúpulos crearon complejos esquemas offshore para hacer operaciones en el sector farmacéutico sin prender las alarmas de la Cofece.

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El laboratorio AstraZeneca, que cobró celebridad por desarrollar una de las vacunas contra el Covid-19, también fue investigado, pero durante el periodo de la fase de alegatos y de desahogo de pruebas convenció a los sabuesos de la Cofece que no incurrió en los ilícitos como los demás.

Según Palacios Prieto, el caso es importante porque los productos que involucra “son fundamentales para la vida de los mexicanos”. Y observa: “Yo no conozco a un mexicano que no vaya a la farmacia a comprar; es cercanísimo al bolsillo de los mexicanos”.

“Había distintas evidencias y fuentes que nos hacían pensar que en el mercado no estaba funcionando la competencia; digamos que Panama Papers fue parte de esto”, comenta la entrevistada.

Después de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado innumerables veces contra la corrupción que impera en el sector salud, entre las farmacéuticas o las distribuidoras que acaparan los mercados.

El gobierno federal trató de destruir la concentración en el sector farmacéutico, principalmente a Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico –filial de Laboratorios Pisa, de Carlos Álvarez Jaramillo– y Farmacéuticos Maypo –de la familia Arenas Wiedfeldt–, las cuales acapararon las ventas de medicamentos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El 20 de marzo de 2019, a cuatro meses de su llegada a Palacio Nacional, López Obrador envió un memorando a Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, en el cual le pidió impedir “la participación en licitaciones o adjudicaciones directas” de estas tres empresas y ello “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.

Sin embargo, los ataques de la llamada Cuarta Transformación contra dos de esas tres farmacéuticas se han desmoronado ante los tribunales, y el gobierno federal hasta volvió a contratarlas para la distribución de medicamentos en el ámbito nacional.

El único golpe rotundo fue asestado a Grupo Fármacos Especializados y su dueño, José Antonio Pérez Fayad: aunque en 2019 la empresa resultó la principal contratista del gobierno de López Obrador –vendió 17 mil 615 millones de pesos de medicinas, según una revisión a la plataforma Compranet–, posteriormente fue vetada e investigada por la Secretaría de la Función Pública, que decretó una inhabilitación de dos años.

La Unidad de Inteligencia Financiera lanzó, por su parte, una investigación contra Pérez Fayad por presuntas operaciones de lavado internacional de dinero, la cual derivó en una orden de aprehensión; ello, como parte de una serie de investigaciones más amplias sobre posibles defraudaciones fiscales de empresas farmacéuticas que, a pesar de cobrar 83 mil millones de pesos durante el sexenio pasado, reportaron pérdidas fiscales por 416 millones de pesos.

Las demás –Laboratorios Pisa y Farmacéuticas Maypo– libraron sus problemas y se mantuvieron como grandes proveedores de la administración federal: desde 2019, Pisa vendió 17 mil 793 millones de pesos de medicamentos, y Maypo proveyó por 13 mil 394 millones de pesos de insumos.

Conductas ilegales

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 La Cofece identificó cinco conductas ilegales que realizaron las empresas y sus directivos, por lo menos a partir de junio de 2006. 

 Detectó que acordaron no surtir medicamentos durante los días de descanso, el Viernes Santo y el Día de Muertos para aumentar los precios; se repartieron las ventas de ciertos productos en determinadas farmacias

 Acordaron un incremento de 3.6% sobre diversos medicamentos

 Pactaron precios mínimos para algunos y diseñaron planes de precios “escalonados” para evitar las sospechas.

Entre los sancionados

Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro

Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul

Elías Salomón Nader, de Fanasa

Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas

Joseph Sitt Cherem, de Marzam

Tomás Ángel Rodríguez Weber, quien fuera presidente de la Diprofar

Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.



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