Alertan sobre la tala desmedida

Se conoce como el paraje Las Águilas: ocho hectáreas de pinos, encinos y árboles tropicales entre las comunidades Montebello y El Quebrachal, en San Miguel Chimalapa. Los árboles de ese sitio –donde nace el agua que irriga una vasta zona a su alrededor– fueron arrasados en enero pasado por talamontes resguardados por un grupo de personas armadas.

Wilfrido Pérez Gómez, jefe del anexo comunal El Quebrachal, alertó de “la tala desmedida” del bosque y lo comunicó al Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, cuyos integrantes, enterados del problema, realizaron un recorrido por el paraje la mañana del 2 de febrero.

Constataron la “tala a matarrasa o inmoderada de la montaña. Talaron ocho hectáreas en su totalidad de forma desmedida. Los tocones de madera tienen diámetros que van de 10 a 65 centímetros”, asienta una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). No pudieron inspeccionar más porque “se aproximaban personas armadas con escopetas y otras armas de alto poder”, añade el documento.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Artemio Martínez Hernández, sostiene que “el paraje talado” se encuentra dentro del plano de la Carpeta Básica Agraria que, conforme a una resolución presidencial de 1967, ampara las 134 mil hectáreas que les corresponden.

El 7 de febrero, representantes de las comunidades de San Miguel Chimalapa llevaron a cabo una asamblea en la que discutieron el desmonte de Las Águilas. Determinaron que comuneros de las 18 congregaciones se trasladaran a dicho paraje para documentar los daños. Con base en ello, el 16 de febrero presentaron la referida denuncia en la Profepa, la cual quedó integrada en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0012-21.

Álvaro Román Ríos, director de Asuntos Agrarios de Los Chimalapas, asegura que también interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En la denuncia ante la Profepa acusaron a los chiapanecos Enrique Torres y los hermanos Gilberto, Enrique y Omar Pérez Hernández de violar diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La denuncia asienta que uno de los imputados, Enrique Torres, tiene su domicilio en Rizo de Oro, Cintalapa, Chiapas.

El dato es significativo, pues las autoridades comunales de Los Chimalapas llevan décadas denunciando que la tala inmoderada de sus bosques –cuyo caso más reciente es el del paraje Las Águilas– es llevada a cabo por, entre otros, madereros y ganaderos provenientes de Chiapas que aprovechan un conflicto territorial con Oaxaca para invadir sus tierras y arrasar la flora silvestre.

 Los Chimalapas abarcan 594 mil hectáreas de selvas tropicales vírgenes –460 mil corresponden al municipio de Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapa–, de las cuales 300 mil aún se encuentran inalteradas.

El coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, sostiene que esta región es el último pulmón del país, el tanque de oxígeno de México; concentra el mayor número de ecosistemas naturales en un territorio.

Toman pretexto

- Un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sostiene que este conflicto territorial “ha sido el pretexto utilizado por madereros, ganaderos, traficantes de fauna silvestre, especuladores de tierra y narcotraficantes

-“El conflicto de límites estatales entre Oaxaca y Chiapas ha sido utilizado para provocar 25 años de enfrentamientos violentos entre comuneros indígenas de Chimalapas, con ejidatarios indígenas chiapanecos

- Aunque, en principio, el territorio de Los Chimalapas era habitado por zoques, los comuneros han refundado una identidad indígena multicultural

- El 20 de diciembre de 2012 el gobierno de Oaxaca promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 121/2012 por la invasión de la soberanía estatal de Oaxaca y del territorio indígena del pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa