Alertan por repunte de ataques a periodistas en el País
De enero a junio de este año hubo 276 agresiones contra periodistas en el País, 23 por ciento más que en el primer semestre de 2016, informó Ana Cristina Ruelas, presidenta de la organización Artículo 19 en México y América Latina.
Más de la mitad de esas agresiones, expuso, fueron cometidas por funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno.
Durante el seminario "Violencia y paz: diagnósticos y propuestas para México", Ruelas aclaró que ocho periodistas fueron asesinados, mientras que uno se encuentra desaparecido.
Señaló que el repunte de la violencia contra periodistas cometida por servidores públicos se explica por el contexto electoral en las entidades donde hubo comicios el 4 de junio.
La activista sugirió que las agresiones aumentarán, a su vez, a la luz de las elecciones federales y estatales del próximo año.
"Vamos rumbo a un escenario electoral muy complejo en el que los periodistas se convierten en una contranarrativa a la narrativa oficial, porque, si los ciudadanos tenemos información que nos permite decidir mejor el próximo año, (piensan que) vamos a quitarles la fuente de poder, y eso es algo que no se pueden permitir.
"Porque tampoco es fortuito que el 53 por ciento (de las agresiones) venga de agentes del Estado, y el 24 por ciento de ese 53 por ciento viene de agentes federales, no todos son agentes municipales ni estatales, también hay una gran responsabilidad de las autoridades federales en las agresiones contra la prensa", señaló.
Ruelas criticó que el 99.75 por ciento de los ataques a la prensa quedan impunes, según cifras oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Sostuvo que, debido a la impunidad de la violencia contra los periodistas y al control de los medios mediante la publicidad oficial, en México existe una estrategia intencional del Gobierno de Enrique Peña Nieto de restringir los flujos de información que llegan a la sociedad.
Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, indicó que hay un abuso de parte de los actores políticos de las figuras legales de daño moral y difamación para intimidar e inhibir la práctica periodística.
"(Provocan) con esto sobre la persona demandada, que es el periodista o el medio de comunicación, un grave estrés, generando censura, y también con esto logran el cometido de desviar la atención de la investigación que se está realizando en ese momento para atender un litigio", afirmó.
Patricia Colchero, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, reprochó a las entidades federativas su falta de colaboración para la implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas.
Ricardo Sánchez, titular de la Feadle, señaló que no hay cifras de las agresiones contra la prensa a nivel local porque las Procuradurías o Fiscalías estatales no llevan un registro con este nivel de desglose.