Alertan por creciente hostigamiento a periodistas

En la conferencia virtual titulada "El acoso judicial a la prensa en México" participaron Sergio Aguayo, periodista y académico; Ismael Bojórquez, director editorial del periódico Ríodoce; Enrique Gómez, director del periódico AM de Guanajuato, así como Sara Mendiola y Leopoldo Maldonado, de las organizaciones civiles Propuesta Cívica y Artículo 19, respectivamente.

Todos los periodistas participantes en la conferencia organizada por El Colegio de México coincidieron en que la resolución sentará un precedente importante en la situación y protección del gremio.

En sus participaciones, Aguayo, Bojórquez, Gómez, Mendiola y Maldonado llamaron la atención sobre el aumento de agresiones a los periodistas en este sexenio y la necesidad de apoyar a la Fiscalía especializada y al Mecanismo de Protección a periodistas, a los cuales se les ha quitado presupuesto y se han afectado sus condiciones de trabajo.

Consideraron importante impulsar reformas que, entre otros temas, pongan candados y limiten la presentación de esas demandas muchas veces frívolas, con reclamos millonarios, que solo buscan intimidar y afectar física, económica y emocionalmente a los periodistas demandados.

También se afecta, añadieron, la libertad de expresión y con procesos largos y desgastantes se distrae a los periodistas de su labor fundamental que es informar con seriedad a los ciudadanos.

"En estos momentos está el caso en la Suprema Corte (en la Primera Sala). Al parecer pronto darán un fallo. He podido documentar mi experiencia en distintos niveles. La CNDH ha estado ausente desde hace tres años, la Fiscalía especial de la república (Feadle) ha tenido un papel casi decorativo, pasivo", expuso Aguayo.

"Quien en mi caso se ha preocupado más es el mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y he sentido que ha habido más interés de su parte".

Aguayo calificó de justo y consistente el trato a nivel federal, "nefasto" en algunos tribunales estatales, en particular en la Ciudad de México, y reconoció el apoyo de una gran parte del gremio periodístico y organizaciones civiles nacionales e internacionales.

El director de AM Guanajuato, Enrique Gómez, comentó sobre la demanda en su contra de la ex Alcaldesa de León, Bárbara Botello, política ligada al PRI y al PAN, por presunto daño moral y difamación.

Litigio en el que la ex Edil le exige un pago de 300 millones de pesos por un comentario en un párrafo en una columna de opinión dominical por la que se sintió afectada.

La demanda presentada por Botello, quien mencionó es amiga de Moreira, incluyó más de 200 agravios y en el litigio Gómez dijo que tuvo que ampararse.

"Ella demandó a mi esposa y también a mi hija porque son accionistas de la empresa y un accionista no es responsable directo de la administración de la empresa ni escribe en la columna", mencionó Gómez.

El director añadió cómo sin entrar al juicio, en el desahogo de pruebas la funcionaria pidió estados de contabilidad personales de la empresa y sus familia, con lo cual en los hechos, estaba despojándolos del derecho al sigilo del patrimonio de su familia y empresa.

"Quienes nos demandan son los políticos", expuso.

Con ese tipo de demandas "y juicios a modo", añadió, quieren distraer sobre señalamientos o acusaciones muchas veces vinculadas a la corrupción.

Miedo a las granadas

Bojórquez, director de Ríodoce, consideró que no son solo los políticos quienes amedrentan a los periodistas sino también empresarios, como fue un caso que enfrentó ese diario, por publicar y cubrir un tema en el que uno de ellos se sintió afectado.

"Son también empresarios muy ligados al poder", dijo el director del periódico sinaloense.

"Yo le sigo teniendo todavía más miedo a las granadas que a una demanda por daño moral sobre todo por todo lo que nos ha pasado".

Bojórquez recordó el asesinato de uno de sus colaboradores, Javier Valdez, en 2017, y las demandas que han enfrentado en tiempos recientes, además de las expuestas por Aguayo y Gómez, periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa en Hidalgo, Carmen Aristegui, contra los dueños de un medio de comunicación, y Olga Wornat por parte Martha Sahagún.

Alertó sobre la escalada contra periodistas que debe llamar la atención y acciones de los tres poderes del Estado para garantizar la libertad de expresión de los periodistas, pues está claro que las demandas por daño moral más que beneficio económico buscan intimidar, inhibir el trabajo periodístico.

Maldonado, de Artículo 19, coincidió con Bojórquez en que se viven tiempos "convulsos" para la prensa en los que además de demandas se secuestra, tortura y asesina a periodistas.

Coincidió con Mendiola, de la asociación Propuesta Cívica, quien consideró indispensable hacer reformas al Código Civil para limitar esas demandas civiles por daño moral o difamación.