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Alertan ONGs riesgo de Ministros 'obedientes'

Unas 32 organizaciones de la sociedad civil y más de 60 activistas e investigadores alertaron sobre el riesgo que representa la iniciativa de la bancada de Morena en el Senado

Alertan ONGs riesgo de Ministros obedientes

Según los firmantes, el aumento de Ministros es una estrategia a la que han recurrido los poderes políticos en otros países para incrementar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas.

"Al incrementar el número de jueces se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes", señalaron.

"Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión".

En el análisis se refiere que ésta no es la primera iniciativa de Morena relacionada con el Poder Judicial ni puede valorarse de manera aislada, luego de los cuestionados y escandalosos nombramientos de nuevos Ministros y comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los firmantes advirtieron que el conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial pondría a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia en la materia, como Polonia, Argentina, Venezuela, Turquía y Hungría.

"Es imprescindible combatir el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero consideramos que esta reforma no es la adecuada para lograr este fin", aseveraron.

Los inconformes afirmaron que la reforma resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente.

"Con los dos Ministros recientemente propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado, el Ejecutivo probablemente contaría con el apoyo de siete votos y con ocho a partir de 2021 cuando se retire el ministro Franco", indicaron.

"Los cuales serían suficientes, por ejemplo, para rechazar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes promovidas por el actual Gobierno".

Subrayaron que, con ello, leyes violatorias de derechos humanos o favorables a grupos de interés económicos o políticos podrían mantener su vigencia.

"Esto preocupa. Los controles y contrapesos que toda democracia debe tener constitucionalmente para su correcto funcionamiento se debilitarían de manera sustantiva", agregaron.

Por otro lado, los activistas sostuvieron que la iniciativa no está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, ya que sólo hace referencia al rezago en la Segunda Sala de la Corte y a planteamientos de austeridad presupuestal.

En el pronunciamiento, plantearon que la reforma incluso podría cambiar la naturaleza de la Suprema Corte, ya que es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los de corrupción.

Los ciudadanos hicieron un llamado a los senadores a no aprobar la reforma, a fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar cambios que apuntalen la independencia del Poder Judicial, en lugar de socavarla.

Entre los firmantes están Causa en Común, Fundar, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Observatorio Designaciones Públicas y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

También aparecen Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Alejandro Madrazo Lajous, Denise Dresser, Eliana García, Jacqueline Peschard, Lourdes Morales, Marco Fernández y José Antonio Caballero, entre otros.




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