Al amparo 52 casinos

En México 52 establecimientos de juegos y sorteos operan sin permiso formal de la Secretaría de Gobernación (Segob) pero con suspensiones judiciales otorgadas por juzgados o tribunales, según el último informe de la dirección General de Juegos y Sorteos.

Se trata de establecimientos que, aunque pertenezcan a alguna empresa que tiene permiso de operación, incumplen con alguna de reglamentación federal, estatal o municipal y que, para evitar la clausura, interponen algún recurso ante el Poder Judicial.

Otros 16 establecimientos operan bajo algún criterio de exención regulatoria, pero igualmente sin permiso formal de la dependencia federal.

Segob reportó que las 29 empresas permisionarias en México tienen autorización para operar 668 establecimientos en todo el país, pero que sólo 361 están abiertos o con aviso de apertura.

En tanto, tribunales federales ordenaron al gobierno federal reconocer permisos de apertura de casinos de dos empresas, incluido uno que, según la Secretaría de Gobernación (Segob), es falso.

Un tribunal colegiado en materia penal de Puebla estableció que Gobernación debe reconocer el permiso expedido en noviembre de 2005 en favor de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua para instalar 60 casinos.

"Esta autoridad desconoce el supuesto permiso que la persona moral quejosa pretende hacer valer como válido, toda vez que no se ha expedido por parte de ninguna autoridad de la Secretaría de Gobernación permiso alguno a favor de esa empresa para operar centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números", afirmó la dependencia durante el juicio.

laberinto jurídico

Sin embargo, por dos votos contra uno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Puebla resolvió en una sentencia del pasado 9 de agosto que el permiso es válido porque así lo reconoció el extitular de la Unidad de Gobierno de Segob, Manuel Ignacio Fierro Evans, durante un juicio previo en el que la misma empresa litigó contra la negativa del municipio nuevoleonés de Linares para permitirle la apertura de un casino.

Fierro fue destituido e inhabilitado para el servicio público en 2007, y en 2012, la PGR lo acusó de autorizar "criterios de excepción" que permitieron la operación del Casino Royale de Monterrey, pero un magistrado federal negó la orden de aprehensión por fallas técnicas del Ministerio Público.

Hasta antes de la sentencia del tribunal en Puebla, Gobernación no incluía a Comercializadora en la lista de permisionarios que la Dirección General de Juegos y Sorteos difunde por Internet, pero ahora lo tuvo que hacer.

El permiso estará vigente hasta 2030, la empresa ya reporta 20 locales en operación en nueve estados de la República, y los accionistas registrados son Marco Antonio Ayala Anzaldúa y Antonio Ochoa Garza.