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Acude exsubsecretario a cita por el escándalo ‘cobijagate’

Monterrey, N. L.

COMPARECE. Rogelio Benavides Pintos (centro) compareció en la Auditoría Superior por el “cobijagate”.Acude exsubsecretario a cita por el escándalo ‘cobijagate’

El exsubsecretario de adminis-tración del actual gobierno independiente, Rogelio Benavides Pintos, atendió ayer una cita en la Auditoría Superior del Estado, por el llamado ‘cobijagate’. 

Benavides Pintos dijo que solicitó permiso en el Gobierno de Tamaulipas, donde labora como asesor, con el objetivo de comparecer aquí.

Afirmó que no compró 200 mil cobertores a precios supuestamente ‘inflados’, en respuesta a las acusaciones de diputados locales del PRI y PAN.

También, rechazó haber incurrido en delito alguno y se declaró inocente.

Al ser entrevistado, aseguró que en la Subsecretaría de Administración sólo se encargaba de firmar papelería, además de verificar que los trámites se hicieran de manera correcta.

Señaló que no era el responsable de realizar las compras, ni de verificar los costos de productos que son adquiridos.  

Benavides Pintos consideró que se trata de un asunto “más que investigado, está bastante bien aclarado; todo fue apegado a la ley”.

Dejó entrever que el origen del caso fue mediático y pasó a ser político, debido a que algunos diputados locales nuevoleoneses lo retomaron, vía la Auditoría Superior.

Recordó que eso motivó su renuncia -a principios del año pasado-, a la Subsecretaría de Administración, a causa del desgaste emocional que sufrió su familia.

En su oportunidad, Benavides Pintos fue multado al igual que otros servidores públicos, porque una parte de los cobertores no cumplían medidas y peso solicitados.

Además, se sancionó a la empresa proveedora, Comercializadora Mirof.

La empresa repuso las cobijas que no se ajustaban a los requerimientos, para ser entregados a personas de escasos recursos.

Dicha indagatoria la realizó la Subprocuraduría Anticorrupción, cuyo titular, Ernesto Canales, concluyó que no había delito penal que perseguir.

Luego, la información del caso quedó reservada, por instrucciones del Gobierno de Nuevo León.

Pero ante presiones de partidos políticos y organizaciones civiles fue abierto el expediente.




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