Acepta Samuel depósito de familia a MC; niega ilícito

Cd. de México

El jueves pasado, el órgano electoral denunció que parientes de García sirvieron de puente a empresas, consideradas en la ley como entes prohibidos, para realizar depósitos por 14 millones 26 mil pesos a Movimiento Ciudadano, y parte de estos se canalizaron a su candidatura a la gubernatura.

Esto derivó en una multa al partido por más de 28 millones de pesos. El INE informó que la madre del senador, Bertha Sepúlveda, entregó 11 millones 600 mil pesos, a MC, su hermana Catalina un millón 586 mil 500 pesos, y su hermano Roberto 840 mil pesos. Advirtió que ninguno de los tres tenía la capacidad económica para realizar dichas aportaciones, y esas donaciones provenían de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles y de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C. así como de otra de sus hermanas. En su impugnación, el Gobernador electo insiste en que ese dinero no se canalizó a su campaña, y en las 100 páginas del documento no explica por qué su familia dio a un partido el 90 por ciento de su dinero ahorrado. Advierte que no cometieron una ilegalidad porque por aportaciones de militantes, el partido podía recibir hasta 20 millones de pesos.

Sobre la aportación de su madre, justifica que en el 2017 ella le regaló un inmueble, pero en febrero del 2021 él decidió pagárselo, por ello, como socio de la empresa SAGA, ordenó depositarle a Bertha Sepúlveda 7 millones 805 mil pesos más un millón 955 mil por actualizaciones. En este año, asegura, también recibió recursos de su esposo Samuel Orlando García Mascorro por 2 millones de pesos en los últimos meses, y en promedio, desde el 2019, en sus cuentas había 12 millones de pesos, por lo que sí contaba con la capacidad económica para entregar la mayoría de su dinero a MC.

"Al obtener los recursos de procedencia lícita, puede disponer de dicho recurso y ésta tomó la decisión de aportar voluntariamente, en su calidad de militante afiliado, a Movimiento Ciudadano parte de su patrimonio como apoyo para el financiamiento privado permitido en la legislación electoral y para fines políticos", indica el documento. Aclara que por error de la dirigencia nacional de MC, de los recursos que dio su madre, 5 millones fueron canalizados al comité de NL para la propaganda en la campaña de Gobernador, pero al percatarse de la anomalía, ese dinero regresó inmediatamente a las arcas del partido nacional. De su hermana Silvia, argumenta, también recibió de su padre Samuel un millón 586 mil 500 pesos en cinco partes entre el 2019 y 2020, mientras que su hermana Ana Cecilia le pagó diversos préstamos, así que en su cuenta bancaria este año tenía 2 millones 709 mil pesos.

Justifica que en el registro bancario aparecen los depósitos hechos por Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y demás despachos, porque su padre es socio del 50 por ciento de dicha empresa.

Mientras que su hermano Roberto recibió donativos de sus padres desde el 2018 por más de un millón 300 mil pesos, por lo que también tenía la capacidad económica de dar 840 mil pesos al partido.

También argumenta que esos depósitos no fueron declarados ante el SAT porque la ley establece que los donativos entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea directa, cualquiera que sea el monto, no se reportan. "Llamarlos testaferros es un prejuicio más, dado que todos los involucrados son militantes del partido inscritos", indica. "Dichas conclusiones se arriban a través de simples inferencias y conjunciones que conjuran hechos que fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada al pretender cuadrar una acción de aportación de un ente no permitido a las operaciones del partido político Movimiento Ciudadano derivado de un procedimiento de fiscalización instaurado contra mi campaña política".

Por ejemplo, asegura que su madre es militante desde octubre del 2020, su hermana en noviembre de ese año, y su hermano en diciembre, mientras que su padre desde el 2015. También asegura que al tratarse de una aportación para gastos ordinarios del partido, el tema debió verse hasta el próximo año, y no como gasto de campaña. Explica que lo acusan de obtención de financiamiento privado que supera al público; obtención de financiamiento privado proveniente de recursos de ente prohibido por sí o a través de interpósita persona para el financiamiento de la campaña electoral; y omisión de reportar la totalidad de los ingresos recibidos y utilizados en la campaña electoral, lo cual, dice, es desproporcionado. Afirma que el partido trasladó a Nuevo León 57 millones 814 mil pesos, y él gastó en su campaña 42 millones 252 mil 801 pesos. "Consideramos que la autoridad pretende tergiversar los hechos alrededor de la campaña denunciada, pues expone situaciones y actos que no representan un ilícito en materia de fiscalización", agrega. Esta impugnación se une a la que presentó Morena el lunes, en la cual pide al Tribunal que el INE investigue el origen de los 14 millones.