Acepta Javier Duarte extradición a México para enfrentar delitos federales
Julio 04, 2017 - 12:22 p.m.
VIDEO: El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó la extradición a México para enfrentar delitos federales.
Guatemala, Guatemala.
"He decidido allanarme al proceso de la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi País", dijo ante el juez.
En audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, la defensa del ex Mandatario acusó una persecución política contra su cliente.
"Duarte, como ex funcionario, tiene una rivalidad y persecución política, quieren darle el matiz de desviar fondos", señaló.
En la sala leyeron los cargos federales por los que Duarte está acusado en México.
En su oportunidad, el veracruzano dijo que está viciada una de las pruebas de las que se le acusa, en relación con la adquisición de propiedades.
"Esa prueba, como la mencionó el señor Ministerio Público, está viciada, la misma solicitud formal de extradición así lo aclara, no aparece mi nombre, no fui ejidatario, ni pienso ser ejidatario", aclaró.
Ayer, Duarte no acudió ante los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, al alegar problemas de salud.
El Tribunal, sin embargo, entregó a sus abogados la resolución completa del fallo que ordena su envío a México.
En ella se especifica que para formalizar su extradición se debe finalizar el otro proceso con el que también se pretende que enfrente a la justicia mexicana, el cual es conocido por el Tribunal Quinto.
La solicitud de extradición contra Duarte proviene de dos órdenes de aprehensión giradas por un juez de Xalapa, Veracruz.
La primera es por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público.
La segunda petición contempla los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, según informes entregados por la Fiscalía de Veracruz a la PGR y la Cancillería.