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Impugnación de máquinas de voto, a juicio en enero

La cuestión de si el sistema de votación electrónica de Georgia tiene importantes fallas de ciberseguridad que suponen una violación de los derechos constitucionales de los votantes a emitir su voto

Una máquina de votación utilizada para las primarias de Georgia el 9 de junio de 2020, en Atlanta.Impugnación de máquinas de voto, a juicio en enero

ATLANTA, Georgia

La cuestión de si el sistema de votación electrónica de Georgia tiene importantes fallas de ciberseguridad que suponen una violación de los derechos constitucionales de los votantes a emitir su voto y a que esos votos se cuenten con precisión se decidirá en un juicio que se llevará a cabo a principios del próximo año.

La jueza federal Amy Totenberg emitió a última hora del viernes un fallo de 135 páginas en una larga demanda presentada por activistas que quieren que el estado abandone sus máquinas de votación electrónica en favor de papeletas de papel marcadas a mano. El estado había pedido a la jueza que fallara a su favor basándose en los argumentos y los hechos del caso sin ir a juicio, pero Totenberg consideró que hay "hechos materiales en disputa" que deben decidirse en el juicio. Fijó para el 9 de enero un juicio sin jurado. Pero también sugirió que las dos partes trabajen juntas para llegar a una resolución.

"El tribunal no puede agitar una varita mágica en este caso para hacer frente a los diversos desafíos a nuestra democracia y sistema electoral en los últimos años, incluidos los que se presentan en este caso", escribió. "Pero una discusión y un compromiso razonables y oportunos en este caso, junto con una acción legislativa rápida e informada, podrían sin duda marcar una diferencia que beneficie a las partes y al público".

La demanda fue presentada por varios votantes individuales y la coalición para el Buen Gobierno, que aboga por la seguridad y la integridad de las elecciones, contra el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y miembros de la Junta Electoral estatal. En ella se alega que la configuración actual del sistema electoral del estado supone una amenaza para el derecho de los votantes a que sus votos se contabilicen tal como fueron emitidos.



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