Nueva denuncia penal contra la exalcaldesa de Monterrey
Diciembre 03, 2016 -
Monterrey, N. L.
La denunciante acudió al Centro de Orientación y Denuncia de la Procuraduría estatal, en el Palacio de Justicia de Monterrey, donde aseguró que Arellanes incurrió al parecer en los delitos de abuso de autoridad, delito patrimonial y ejercicio indebido de funciones.
Precisó que la exalcaldesa pagó 7 millones 780 mil pesos, a Empresas Pordimo, a cambio de una aplicación móvil que no funcionó, para reportar fallas en servicios municipales o hacer enlaces a dependencias, en la pasada administración regiomontana.
La regidora, Yolanda González explicó que “los hechos por los que se interpone la denuncia son por la contratación de una aplicación cibernética de información gubernamental municipal contratada que no funcionó y que se siguió pagando”.
Añadió que la exalcaldesa debió haber rescindido el contrato y hacer efectiva la cláusula penal en contra del proveedor, para quien ordenó pagos mensuales de 250 mil pesos.
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Dijo que en la denuncia solicitó también que el Ministerio público solicite una garantía económica que sea suficiente para cubrir el daño, y se prohíba salir del país a la denunciada, y a quien resulte responsable.
Comentó que los funcionarios implicados en la firma del contrato, además de la ex alcaldesa, son:
Irasema Arriaga Belmont (exsíndico Segundo); Jesús Guadalupe Hurtado (exsecretario de Ayuntamiento); Julián Hernández Santillán (extesorero); Marcos Mendoza Vázquez (exsecretario de Administración, hoy diputado local).
OTRAS QUERELLAS
Esta es la cuarta denuncia penal que enfrenta la expresidenta municipal.
Anteriormente, el equipo legal del actual alcalde priísta, Adrián de la Garza, presentó una querella en su contra por contratar de manera irregular un servicio jurídico que la defendiera a ella y excolaboradores de las actuales acusaciones.
Otras denuncias consisten en supuestamente desfalcar un fondo de los trabajadores municipales, cuyo monto es de 34 millones de pesos, y reportar pagos inexistentes a múltiples proveedores.
Hasta la fecha, la exmunícipe enfrenta en libertad el primero de los procesos penales antes mencionados, referente a la contratación de un despacho jurídico.