La matanza de Chenalhó

El 2 de junio, siete indígenas tzotziles fueron masacrados por un grupo de hombres armados en Polhó, una pequeña comunidad rural perteneciente al municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Era el último episodio de una situación límite en el Estado, cuyos niveles de violencia crecen desde hace años y amenazan con conducir a un conflicto armado interno que, de acuerdo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, puede desembocar en guerra civil. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a la matanza este jueves en su conferencia diaria de prensa: "Acerca de los asesinados en Chenalhó, al principio vi ese reporte, luego el Gobernador del Estado habló de un fallecido, pero no tenemos ahora la cifra de fallecidos. Nos dijeron que eran siete, pero vamos a pedir información". A pesar de su aparente desconocimiento sobre el suceso, ha asegurado que las autoridades se están haciendo cargo: "Ya estamos atendiendo, estamos allá, está la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de Chiapas".

CONFLICTO LATENTE

La matanza de Chenalhó no ha sido ni mucho menos un episodio aislado. Se enmarca dentro de una lógica más grande, de un conflicto armado latente que está poniendo en jaque Chiapas. Los expertos llevan años denunciando la situación, ante la aparente inoperancia de las autoridades. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acusado las "interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas", además de las "violaciones sistemáticas a los derechos humanos". Según el Frayba, el Estado mexicano es "omiso, permisivo y aquiescente frente la actual violencia generalizada", lo que ha generado la agudización de problemáticas ya existentes como los desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas o violaciones al derecho a la tierra.